A nivel provincial ATE, sostiene que Britez no tiene representatividad legal tras haber sido suspendido. Por su parte el referente afirmó, en declaraciones vertidas en Radio San Jorge con Emir Silva, que le inventaron una causa por violencia de género y tomaron la decisión arbitraria de suspenderlo.

“Olga Reynoso, la secretaria General de ATE Santa Cruz no cuenta con esa facultad, el único facultado para tomar ese tipo de decisiones es el Consejo Directivo Nacional”, expresó, asegurando que tiene la representación legal de la seccional Pico Truncado.

Respecto al conflicto en Koluel Kaike, comentó que se encuentran ocupando el edificio de forma pacífica a espera de soluciones para los trabajadores. Durante la tarde fueron notificados sobre una denuncia penal realizada por la Secretaria General de la Comisión de Fomento Evangelina Ramírez, por lo que se liberó una orden de desalojo con la firma del Juez Cimini.

“Nos notificaron que en un plazo de dos horas, desde las 16:15 hs, nos daban tiempo para desalojar el edificio, hicimos una asamblea y sentimos que de alguna forma tratan de persuadirnos y presionarnos para que levantemos la medida, en asamblea resolvimos no acatar esa orden”, afirmó Britez.

En este sentido, manifestó que van a permanecer dentro del edificio hasta que se habrá un canal de diálogo para resolver las demandas laborales y salariales. “En el caso que lleguen a desalojarnos, vamos a replantearnos que hacemos en esa situación y vamos a seguir, no vamos a torcer el brazo, hace cinco días estamos reclamando y no hay solución, no nos vamos a ir derrotados”, añadió.

Britez también denunció que los trabajadores sufren actitudes autoritarias y de violencia permanente por parte del Comisionado de Fomento Tomas Cabral y su esposa, también funcionaria de la comuna. “Existen denuncias en contra de ellos pero nadie se pone al tanto de eso para hacer mínimamente un llamado de atención o tomar cartas en el asunto”, añadió.

Finalmente responsabilizó a las autoridades provinciales por cualquier situación de violencia que pudieran sufrir los trabajadores ante un intento de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad.