"En la última sesión, la mayoría del bloque oficialista no quiso tratar la adhesión que debemos hacer al ‘Programa de Protección al Personal de Salud’: vamos a pedir su tratamiento la semana próxima porque es urgente la necesidad de que se aplique en la provincia", adelantó el diputado Javier Pérez Gallart.

El Programa al que el diputado de Encuentro Ciudadano hace referencia también es conocido como la ‘Ley Silvio’ (Nº 27.548), una norma nacional que entró en vigencia en junio pasado, cuyo nombre completo es ‘Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia del coronavirus COVID19’. Silvio Cufré –de donde proviene su denominación– fue el primer trabajador de la salud que falleció a causa del coronavirus el pasado 18 de abril en la provincia de Buenos Aires.

"El Congreso de la Nación votó esta ley el 21 de mayo, entró en vigencia el 8 de junio y nuestra provincia todavía no adhirió”, señaló el legislador. De hecho, el artículo décimo de la norma señala que se “invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley".

"Algunos de los puntos que reclaman los trabajadores de la salud respecto de su seguridad están establecidos en esta ley, que por otra parte establece financiamiento del Estado Nacional", detalló.

‘LA LEY PREVÉ EL TESTEO OBLIGATORIO AL PERSONAL DE SALUD PARA SU RESGUARDO’

En el escrito que acompaña la adhesión que se presentó desde la banca de Encuentro Ciudadano, se destaca que “el Programa considera como sus destinatarios a todos aquellos que desempeñan funciones en nuestras instituciones de salud destinadas a la atención de la actual pandemia: personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronómico, ambulanciero”.

En el texto se advierte que es “de público conocimiento” que “muchas de las medidas contempladas en el Programa en cuestión son todavía una deuda pendiente del Poder Ejecutivo Provincial, a pesar de los muchos meses que lleva el actual escenario de pandemia”. “Y nos referimos como los más acuciantes al diagnóstico continuo y sistemático de la salud de los trabajadores hospitalarios, como así también a la provisión suficiente de los elementos de protección necesarios para la diligencia sanitaria del Covid -19”, agrega Pérez Gallart en los fundamentos.

En efecto, la ley establece en su artículo sexto que es facultad y obligación de la autoridad “implementar un protocolo de diagnóstico continuo y sistemático focalizado en el personal de salud que preste servicios en establecimientos donde se realice atención de casos sospechosos, realización de muestras o tests, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19, o que se encuentren dentro de zonas de circulación comunitarias del virus. El análisis de las pruebas diagnósticas del personal de salud tendrá prioridad absoluta en su realización y notificación por parte de los laboratorios autorizados”.

‘ES INADMISIBLE QUE EL OFICIALISMO IMPIDA SU TRATAMIENTO LA PRÓXIMA SEMANA’

“Mencionamos el caso de los testeos al personal de salud como un elemento importante, pero la ley establece toda una serie de objetivos a partir de los cuales se prevé el desarrollo de protocolos, capacitaciones, registros, compra de elementos y equipamiento”, resumió Pérez Gallart.

El diputado de Encuentro Ciudadano adelantó que pedirá su tratamiento la semana próxima en las tres comisiones legislativas a las que fue enviado el proyecto. “Es inadmisible pensar que el Frente de Todos frene la adhesión a un programa que resulta fundamental en el contexto de la pandemia que estamos atravesando en Santa Cruz en los últimos dos meses”, finalizó.