El Concejo Deliberante de Pico Truncado aprobó la ordenanza enviada por el Ejecutivo, donde se establece el sistema de cobro de multas a quienes transgredan las restricciones por la pandemia. De inmediato, el intendente Osvaldo Maimó promulgó la norma y ya entra en vigencia.
Los costos para los infractores a la reglamentación sanitaria arrancan en los 2 mil pesos. Es el caso para aquellos que “circulen por la vía pública, acuda a establecimientos públicos o privados, o se encuentre fuera del ámbito de su hogar”, sin utilizar la tapa boca.
Sin embargo, la ordenanza aclara que la persona podrá ser apercibida por única vez, y ante la reincidencia se le impondrá la multa señalada. Si quien no lleve el tapabocas o barbijo, es menor de edad, “la multa será aplicada a la persona mayor responsable del mismo”, según se reglamentó.
Para quienes acudan a establecimientos que no estuvieran habilitados, por ejemplo a un salón de fiestas para una celebración masiva, será sancionado con una multa de 5 mil pesos; y los adultos deberán hacerse responsable de sus hijos o menores a cargo.
También se impone un costo a quien “organice y/o participe, en cualquier tipo de reunión, fuera de lo previsto en las normas vigentes”. Esas personas deberán abonar 50 mil pesos.
En lo que respecta a las personas jurídicas, cualquier comercio o entidad que permita el ingreso a su establecimiento, “de cualquier persona sin protección buco-nasal o tapa boca obligatoria”, será multada con una suma de 10 mil a 50 mil pesos.
Según los rubros, se discriminó a los potenciales infractores. despensas, hoteles, restaurantes, parillas, rotiserías, bares, pubs, confiterías y similares: pagarán 10 mil pesos. Supermercados, depósitos al por mayor, casinos, empresas, entidades bancarias, entidades estatales y similares: pagarán 50 mil pesos.
Las personas jurídicas que incumplan con la aplicación de los protocolos determinados por la Dirección de Comercio Municipal, serán sancionados con multas que van de los 10 mil a los 50 mil pesos. Despensa, hoteles, restaurantes, parillas, rotiserías, bares, pubs, confiterías y similares; pagarán 10 mil. Y supermercados, depósitos al por mayor, casinos, empresas, entidades bancarias, entidades estatales y similares; pagarán 50 mil pesos.
Los mayores costos punitivos los deberán afrontar las personas jurídicas, que sin estar habilitadas para ejercer su actividad, la realicen incumpliendo las normas. Esos casos serán multados con 100 mil pesos.