El juzgado de faltas será la autoridad de aplicación de la nueva Ordenanza, y los inspectores de tránsito, y generales de la comuna de Puerto Deseado, los agentes habilitados para labrar las actas correspondientes. Así, el Concejo Deliberante de la localidad portuaria sancionó la normativa para aplicar multas a quienes rompan con los protocolos Covid-19.
Así lo dio a conocer la presidenta del cuerpo, Mónica Vila. La Ordenanza es la número 7207, y fue solicitada por el Ejecutivo, en el marco del COE local. Trabajada en conjunto, entre el gabinete del intendente Gustavo González, ediles y juzgado de faltas, la norma estableció montos contados en “unidades falta”.
Cada unidad de medida, representa un total de 49 pesos con 50 centavos. Al multa mínima es de 30 unidades, por lo cual rondaría los 1500 pesos. Vile expresó que las multas solo se cobran a quienes rompen las normas, y así descartó que se trata de una medida “recaudadora”. “Es como las multas de tránsito, no se le cobran a quienes no las cometen”.
Y recordó: “Las campañas de concientización ya pasaron, ahora debimos recurrir a esta modalidad”.
El incumplimiento en el uso de barbijo podrá ser sancionado con multas de 30 a 200 unidades de falta. “El criterio, siempre es aplicar la menor multa primero, ye incrementar ante la reincidencia”, explicó la edila.
Dio otros ejemplos, como la transgresión de la norma que establece que los transportistas de mercadería, para descargarla en los comercios, deben descartar correctamente un kit de seguridad por cada uno. De no hacerlo, se les aplicarán multas de 50 a 200 unidades de falta.
No emplear el equipo de bioseguridad correspondiente al “riesgo de actividad”, implica multas por los mismos valores; de 50 a 200 unidades. “La que más nos afecta a los vecinos comunes, es el incumplimiento del límite de horario de circulación, que es a las 22 horas. De romper con esa normativa, las multas van de 200 a 500 unidades de falta; es decir que el mínimo a pagar sería de 9900 pesos.
Y el uso de espacios públicos no habilitados, para reuniones familiares o sociales, como plazas o campings; impone multas de 300 a 500 unidades; y las reuniones sociales en domicilios particulares, de 500 a 1500 unidades.
En la foto (de archivo), la presidenta del Concejo Deliberante deseadense.