El comunicado del Colegio de Odontólogos de la provincia de Santa Cruz señala: “30 de octubre, un día de luto para la profesión odontológica y para la democracia en la provincia de santa cruz”.
La dura afirmación deviene de una situación originada en el incremento de los aranceles por atención, dispuestos por la institución que regula el ejercicio profesional de esa especialidad médica.
El pasado día 30, la provincia publicó en el Boletín Oficial (BO) un decreto que, según el Colegio Profesional, “le quita facultades” por “tocar intereses de la obra social que mantienen intervenida más de 25 años”.
Asimismo, aseveran que a partir de la vigencia del decreto “la institución perderá total autonomía quedando subordinada al Estado. Una intervención permanente encubierta, donde todas las reglamentaciones, códigos, resoluciones y acciones deberán ser supervisadas y aprobadas por ellos”.
Mencionan que se trata de una medida inconstitucional, y que se trata de una “acción autoritaria e impune”.
El presidente de la entidad, Dr. Luis Eceiza, dialogó con el periodista Emir Silva en su programa Más de lo Mismo, y enfatizó que el Colegio decidió “someter su Ley (la que lo conformó y consta de 47 artículos) a una determinación de certeza, para que un juez dictamine cuál es la legalidad de establecer los aranceles mínimos éticos conforme al artículo 3 de la misma”.
Asimismo, explicó que enviaron la documentación correspondiente al Ministerio de Salud, haciéndole saber su descontento. Y señaló que los aranceles previos al incremento, eran de 430 pesos. “El 40% son honorarios netos y el resto son gastos regulados como costos directos e indirectos”, dijo.
Además, trajo a colación que ese “retraso”, en acuerdo con el Ministerio se “compensaba” con la posibilidad de atender a “muchos pacientes en una misma jornada laboral”. Con la pandemia y los protocolos correspondientes, eso ya no fue posible, y por cada jornada a un odontólogo le es posible “atender solo a 4”.
Por esta razón, según Eceiza, el Colegio decidió incrementar los aranceles. Ahora, esperarán la resolución judicial, pero advierten que no podrán cobrar lo que consideran un “arancel mínimo ético”, porque dependen de la aprobación de la provincia.