El máximo órgano de Justicia de la provincia de Santa Cruz, STJ, emitió una resolución datada el 18 de diciembre, donde notifica al Concejo Deliberante de Las Heras que debe restituir el cago a la concejala suspendida Daniela Alonso.

La notificación, que ingresó hoy en el departamento Legislativo lasherense, lleva la firma de la presidenta Paula Ludueña Campos, y los vocales Daniel Mariani, Enrique Peretti y Alicia Mercau.

Vale recordar que Alonso resultó suspendida, hace semanas, gracias al voto de los ediles del partido Moveré: Andrea Yapura, Cristian Mercado y Jairo Bernacki. El oficialismo local convocó a una sesión extraordinaria, y a moción de Yapura, procedieron a la suspensión.

La propia presidenta del cuerpo había denunciado penalmente, un día antes, que Alonso percibía doble sueldo. Días atrás, el abogado patrocinante de legisladora acusada, Amadeo Figueroa, solicitó un amparo y presentó un juicio contencioso administrativo.

En diálogo con el programa radial "Más de lo Mismo", que conduce Emir Silva por Radio San Jorge, explicó la sitación y enfatizó que "el Concejo solo debe notificarse, la concejal debe volver a prestar funciones con normalidad y de inmediato".

"Nosotros realizamos la presentación de un juicio contencioso administrativo que el Superior Tribunal lo inscribió como conflicto de poderes. En forma paralela, pedimos una medida cautelar ante lo que entendemos que fue una violación flagrante de casi todos los derechos políticos, civiles y constitucionales que puede tener una persona", apuntó Figueroa.

Asimismo, agregó que "en esa maldita sesiones en la que se dispuso la suspensión, que nosotros también interpretamos que no es una suspensión sino una destitución, también se suspendió a sus tres empleados, se le retiró la llave de su despacho y se le prohibió el ingreso al Concejo", enunció.

En este sentido disparó contra la presidenta del cuerpo: "hizo una denuncia penal sobre un trema que no es delito, y al día siguiente sobre la base de su denuncia pidió la suspensión", manifestó con tono de indignación.

Ante la pregunta del cobro de dos sueldos, como concejal y como docente del CPE, el abogado relató que cualquier concejal electo debe esperar a estar en funciones para realizar el pedido de licencia por motivos políticos.

"Inmediatamente después de asumir, y una vez que salió del receso el Consejo Provincial de Educación, notificó de la situación a su empleadora; solicitando que se le conceda una licencia por el cargo que asumía. El Consejo de Educación no volvió a notificarla y continuó pagando los sueldos".

Por otra parte, remarcó que no se trata de un delito, más aún cuando "ella cumplió con lo que debía hacer", que es notificar a su empleadora que asumía el cago político.

Aseveró que "no existe incompatibilidad, porque hasta un juez puede seguir desempeñándose como docente", dijo. Y destacó luego que, "no existe en Las Heras ninguna reglamentación" que prohíba a sus concejales desempeñarse en otras funciones. "Las Heras no tiene una incompatibilidad normada, entonces aún en el caso de que hubiera habido una incompatibilidad el legitimado para hacer cualquier tipo de acción es el Estado provincial; de ninguna manera el estado municipal, mucho menos una concejal", desarrolló.

En relación a la resolución dijo que "en estos momentos debe estar siendo notificado el Concejo", que deberá "incorporar a la concejal Alonso a su actividad". Y, como "el asesor sigue la suerte del principal", los empleados del despacho de la edila, también "tienen que ser reincorporados", señaló.

Finalmente, expresó que el juicio contencioso administrativo continuará su marcha, y entonces "en el tiempo que lleve, determinará si lo que pedimos en el amparo estaba bien o no", culminó.