El proyecto de ley, elaborado por las organizaciones Mujeres de la Matria Latinoamericana -MuMaLá- y Mujeres Socialistas, es presentado ante el Congreso, a través del diputado del Bloque Socialista, Enrique Estévez.

"En Argentina sólo podremos lograr el #NiUnaMenos cuando la prevención en materia de violencia de género sea una política de Estado, transversal y federal", explicaron las organizaciones feministas.

Según datos de MuMaLá, sólo en los primeros dos meses del 2021 se han registrado 69 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 47 son femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios. "Urge una decisión política para concentrar, articular y reasignar recursos económicos y humanos frente a violencia machista extrema, este proyecto se fundamenta en la responsabilidad del Estado para dar respuestas acordes a la gravedad de la situación en la Argentina», alertó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de MuMaLá. Según datos de la organización, en el año 2020 fueron 329 las muertes violentas asociadas al género de mujeres, lesbianas y travestis y trans.

El proyecto que elaboraron en conjunto las Mujeres Socialistas y la organización MuLaLá propone incrementar el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

"El Estado debe mejorar de forma urgente su capacidad de respuesta y para eso debemos dotar de recursos a las áreas intervinientes y avanzar en un plan nacional de acción con verdadero alcance federal que asegure la prevención, protección y asistencia integral a las víctimas de violencia de género", explicó el legislador socialista, Enrique Estévez, y dijo que el mismo "debe procurar un impacto positivo real en la calidad de vida, el empoderamiento y la autonomía de quienes transitan situaciones de violencia".

Violencia económica

"La violencia no es sólo física o psicológica, también es económica", advirtieron desde las organizaciones. Por eso los colectivos feministas proponen en el proyecto de Ley una asignación económica especial para las personas víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y no posean recursos económicos suficientes para su subsistencia.

"Para lograr la autonomía económica y que las víctimas puedan salir de los contextos de violencia se necesita de un Estado presente, que brinde respuestas en materia habitacional, de reinserción socio-laboral y terminalidad educativa", precisó Monica Fein de Mujeres Socialistas.

Asimismo, el estudio indica que el 94 % de los femicidas eran conocidos por las víctimas (64 % parejas y ex parejas) y que el 70% de los femicidios se ejecutaron en la vivienda de la víctima o vivienda compartida. Por eso también resulta fundamental implementar un programa federal de creación de casas de protección para personas en situación de violencia de género y riesgo de vida.

Desarma

Además, el informe elaborado por Mujeres de la Matria Latinoamericana muestra que el 17 % de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad, un aumento del 5% respecto a lo registrado en el mes de enero (12%).

Por este motivo, el proyecto agrega en su articulado la necesidad de capacitaciones obligatorias en la temática de género, la adopción de protocolos de abordaje y seguimiento a integrantes de fuerzas de seguridad que ejercen violencia de género, que incluyan el retiro de arma, así como un Plan Nacional de desarme en la sociedad civil.

La organización MuMaLá lanzó una petición a través de la plataforma Change.org/EmergenciaNiUnaMenos con el objetivo de sumas más apoyo de la sociedad civil. En este marco, la iniciativa ya cosechó más de 130 mil firmas.

La propuesta legislativa también incorpora la creación urgente del Registro Único de Situaciones de Violencia de Género, la implementación de Juzgados y Fiscalías especializadas e integradas en Violencias de Género, así como patrocinio jurídico gratuito especializado e integrado en todo el país, además del fortalecimiento de los mecanismos para el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y las campañas en medios de las leyes vigentes y dispositivos de atención a personas víctimas.

Fuente: RedEco