REORDENAMIENTO DEL ESTADO
EL EJECUTIVO ENVIÓ 5 PROYECTOS DE LEY A DIPUTADOS

En el marco del reordenamiento del Estado Provincial que viene llevando adelante el Poder Ejecutivo a partir de la asunción de la Gobernadora Alicia Kirchner, se han presentado entre ayer y hoy cinco proyectos de Ley para que sean tratados por la Legislatura provincial.

Hoy miércoles, fueron enviados desde la Casa de Gobierno tres de ellos, como son la reforma del Código Fiscal, la nueva Ley Impositiva y un proyecto de Ley para la administración de déficit acumulado.

La nueva Ley Impositiva se enmarca en la flamante Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos y tienen como finalidad adecuar las alícuotas y tasas de la Ley Impositiva que han ido quedadas desfasadas en el tiempo ya que su último tratamiento integral fue hecho en el año 2012. Esta iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer las finanzas del gobierno provincial y de los gobiernos municipales, atendiendo los principios de equidad y eficiencia económica, procurando el financiamiento propio y continuo de recursos para el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias.

En el mismo sentido, con el Código Fiscal, se propicia la modificación de algunos de sus artículos con el propósito de perfeccionar su redacción y comprensión, y a la vez la incorporación de artículos nuevos dotando a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos de mayor funcionalidad y practicidad en el devenir cotidiano de su trabajo, medidas están orientadas a resolver cuestiones puntuales de la administración tributaria, cuya adopción por razones de oportunidad y conveniencia, se estiman impostergables. La aprobación de este proyecto permitirá incorporar en un único texto todas las modificaciones, con el fin de codificar la legislación tributaria en un solo cuerpo legal, para una mejor administración de los contribuyentes.

También fue remitido para su tratamiento otro proyecto destinado a la refinanciación, y/o restructuración de los servicios de la Deuda Pública y/o financiación del déficit acumulado y/o consolidado de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, Entidades Autárquicas y Empresas del Estado, financiación de obras de infraestructura y de proyectos presentados por los diversos organismos provinciales y/o por el sector privado que coadyuven al desarrollo integral de la provincia, permitiendo mejorar el perfil de endeudamiento público provincial; regularizar atrasos de Tesorería; afrontar el pago de sentencias judiciales donde el obligado fuere el Estado Provincial; asistir económicamente al sector primario productivo provincial; asistir al Estado Provincial en gastos corrientes de capital y obras públicas.

Este proyecto solicita autorización para gestionar operaciones de crédito público con o a través del Gobierno Nacional, Entes del Sector Público Nacional, Entidades Financieras u otras entidades locales o extranjeras, mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos, descuentos de Certificados de Obras o bajo cualquier otra modalidad de financiación, en pesos o su equivalente en moneda extranjera de hasta diez mil millones de pesos destinados a garantizar el cumplimiento de funciones tales como las Legislativas, Judiciales, Servicios Sociales, entre ellos, los servicios de Salud, Educación, Asistencia Social, producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico.

En todo este marco normativo que permita el ordenamiento de la provincia ayer se había remitido también dos proyectos más. Uno de modificaciones integrales a la estructura de la provincia como lo es la Ley de Ministerios puesto que “nos encontramos a la fecha con un texto legal integrado por distintas disposiciones normativas que modificaron el texto primigenio, -vgr. Ley 1608, 1789, 1827, 2410, 2918, 2967, 3016, 3062, 3068, y 3200- quedando algunas de ellas expresamente derogadas o abrogadas, subsistiendo aún otros dispositivos sujetos a interpretación, tornando dificultoso la labor del intérprete, sea éste funcionario o administrador” según se explica en los considerandos.

Además de estas leyes de reestructuración, ordenamiento y dinamización del Estado Provincial, la gobernadora Alicia Kirchner envió el pedido de autorización para que se permita al Poder Ejecutivo Provincial suscribir un Contrato de Fideicomiso en el marco del Proyecto UNIRSE, que es el programa de Responsabilidad Social acordado con el sector minero por el cual las empresas harán aportes y contribuciones voluntarias a la Provincia, que serán destinados y afectados específicamente a “Proyectos de servicios, inversión social y de salud, obras, adquisición de bienes y proyectos productivos y de inversión tecnológica que contribuyan al desarrollo sostenible”.

La aprobación de este proyecto permitirá por ejemplo brindar en materia de salud, apoyo integral a los efectores de salud territorial, asistencia e investigación en materia de salud materno-infantil, implementación de acciones de fortalecimiento del Centro de Medicina Nuclear y otros.