El 22 de abril de 1985, se inició el juicio a las Juntas Militares de la última dictadura cívico militar. Sin dudas se trató de un acontecimiento histórico. La causa 13 del año 1984 se convirtió en un hito jurídico y en un ejemplo de puesta en valor de los Derechos Humanos para Latinoamérica y el mundo.

El Palacio de Tribunales de Buenos Aires fue testigo de las acciones tomadas por la Cámara Federal encargada de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, perpetrado desde el 24 de marzo de 1976 hasta la recuperación democrática, en diciembre de 1983.

El presidente Raúl Alfonsín fue uno de los principales impulsores de llevar a la justicia los crímenes aberrantes del gobierno de facto. El 13 de diciembre de 1983, firmó el decreto 158 que daba pie al comienzo del proceso judicial.

Dos días después, se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Este organismo constató la desaparición de personas en manos de la dictadura e informó acerca de la existencia de más de 300 centros clandestinos de secuestro, tortura y asesinato.

El acto se inició con la justicia civil acusando de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos a las primeras Juntas del denominado "Proceso de Reorganización Nacional". Se inició un juicio sumario inédito en la historia, solo comparable con los Juicios de Nuremberg iniciado por las naciones aliadas contra los responsables del Holocausto Judío luego de la Segunda Guerra Mundial.

Los primeros militares juzgados fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Jorge Anaya, Leopoldo Fortunato Galtieri, Omar Graffigna, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Basilio Lami Dozo.

El tribunal encargado estaba integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés DAlessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. El fiscal fue Julio César Strassera y el fiscal adjunto, Luis Gabriel Moreno Ocampo.

La sentencia histórica por los crímenes de lesa humanidad declaró culpables a los mayores responsables de las juntas militares. Así, Agosti recibió 4 años y seis meses de cárcel, mientras que Videla y Massera obtuvieron perpetua. Por otro lado, Viola recibió 17 años y Lambruschini, 8 años.