La misiva expresa lo siguiente: "Desde la Adosac Provincial rechazamos y denunciamos la decisión del C.P.E representado por su autoridad máxima en la persona de la Prof. María Cecilia Velázquez, de continuar con la persecución y el hostigamiento laboral y personal hacia los vocales electos de las distintas Juntas de Clasificación, organismos que estatutariamente (Ley 14.473) prevén esta representación mediante la voluntad y el voto obligatorio del conjunto de la docencia.

La resolución emanada de la Presidencia con N° 587/21 que instrumenta la creación de Comisiones “ad hoc” con el objetivo de intervenir en la carga de la valoración sin ningún sustento legal que justifique o legitime esta participación, es otra muestra de la clara intencionalidad política de desconocer la autonomía y la transparencia que el anteriormente mencionado estatuto establece de manera muy clara en sus articulados a fin de asegurar y garantizar a los docentes una justa y objetiva valoración en los distintos listados que se emiten.

No nos resulta extraño este accionar discrecional, ideado y ejecutado a espaldas de la discusión que debería darse en el seno de las mismas Juntas, ya que existen numerosas denuncias que se han realizado por parte de los vocales electos, de este gremio y de nuestros representantes electos ante el C.P.E en relación a decisiones que afectan a nuestros compañeros docentes ocasionando perjuicios graves que influyen en la situación laboral y el desempeño profesional de los mismos.

Podemos mencionar como parte de estas acciones avasallantes la repudiada Resolución 066/18 que introduce el otorgamiento de puntaje por asistencia perfecta, la cual denunciamos desde su primera aplicación por parte de los vocales del ejecutivo, y que seguiremos rechazando en cada espacio de paritarias o de sesiones del C.P.E en consonancia con el desconocimiento y la negativa de aplicación permanente por parte de los miembros de Junta Electos. Es claro que castigar a quienes se adhieran a medidas de fuerza o usufrutuen alguna licencia es la única razón por la cual se explica el accionar político malintencionado en la implementación de dicha resolución, enmarcada en momentos de una gran conflictividad social y de lucha llevada adelante por nuestra Asociación Sindical a lo largo de toda la Provincia. Una de las represalias que pergeñaron desde ese espacio lo sufrieron y sufren aún los vocales electos de la Junta Inicial Especial, que se encuentran separados de sus cargos desde el día 28 de febrero del año 2019 a la fecha, sumariados, y atravesando las consecuencias de haberse apegado a la legislación vigente y a los derechos de los trabajadores docentes.

Esta posición política hacia el sector docente, al cual conciben como un enemigo y una amenaza permanente ante el insistente cuestionamiento que hacemos a la deficiente política Educativa que llevan adelante desde hace años, y que se refleja en el ajuste permanente de la fuente laboral en todos los niveles, la desinversión en infraestructura
escolar, la falta de provisión de insumos de toda índole para los trabajadores de la educación y los alumnos, los expone en sus contradicciones permanentes entre lo discursivo y el accionar, que es reaccionario y propio de gobiernos totalitarios que no se atreven a discutir para acordar, sino que entienden el poder exclusivamente desde la imposición.

Se pretende constantemente imponer un salario, imponer condiciones laborales, imponer permanentes ajustes, imponer legislación y normativas, imponer control y desconocer la tarea y las decisiones de quienes nos representan de manera legítima y estatutaria. Por otro lado, no podemos dejar pasar por alto el hecho de que en distintas sesiones y con la debida constancia en actas los vocales electos han dejado asentado el accionar del Ejecutivo, que ha introducido al edificio y a los espacios de trabajo que le son propios, personal ajeno a los organismos y con el objetivo de desarrollar la función que corresponde a los vocales. Vale decir actúan entre las sombras y de manera ilegal, accediendo a los legajos docentes e interviniendo en lo más preciado y sensible para cada compañero.

Legitimar esta intromisión es de una gravedad e irresponsabilidad que no tiene precedentes y que nos acerca cada vez más al hecho que a las claras tienen como objetivo en pos de controlar y ser los que decidan sobre el conjunto de la docencia de manera unilateral. Las juntas en manos del poder político terminan con la independencia y la autonomía para acceder al trabajo, abriendo una puerta trasera para beneficio de aquellos que comulgan o responden por distintos intereses personales a la gestión actual y a las venideras.

Consideramos a esta resolución como una nueva provocación, un nuevo atropello y falta de respeto a la docencia, por lo cual exigimos su inmediata derogación, para que los genuinos representantes electos puedan cumplir su función como corresponde y establece la normativa, sin aprietes, sin amenazas, sin persecución, respetando las decisiones que se adoptan en mayoría y cumpliendo lo que establecen los acuerdos de valoración vigentes.

Desde Adosac Provincial hacemos responsable al C.P.E del aumento de la conflictividad que este tipo de decisiones ocasionan, generando malestar en cada docente de la Provincia ante el accionar del Poder Político atribuyéndose facultades que no le son propias.