Este martes se conoció que la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera avanza en la aplicación de multas a distintos barcos poteros. La notificación ya comenzó a ser enviada y especifica el incumplimiento de estos de la obligación, establecida en los permisos de pesca, de reprocesar parte de las capturas de calamar. Hubo casos de en que esto no se hizo de manera parcial y otros en forma total.

Según informa la revista especializada Puerto, el año pasado 39 barcos de la flota potera nacional asumieron el compromiso de reprocesar en tierra un porcentaje de su captura, el cual varía entre el 10% y más del 20%, según cada permiso de pesca. Esta flota tuvo capturas por casi 90 mil toneladas. El objetivo de esto era generar valor agregado y promover el empleo entre los trabajadores del pescado.

Hasta 2019, las empresas armadoras podían justificar el cumplimiento de dicho compromiso presentando una factura de venta del calamar para su reproceso con destino al mercado interno. El año pasado, con una zafra abundante, se modificó la Resolución 6/2008 de Pesca, planteando que la cuota de reproceso debe darse en forma efectiva en frigoríficos de tierra para los armadores con permisos que así lo establecían.

Los armadores tuvieron plazo para reprocesar las capturas de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021 e informar a las autoridades la trazabilidad de esas toneladas hasta el 30 de marzo pasado. Pero pasados más de dos meses de la fecha límite y con toda la información entregada por las empresas armadoras, desde la dirección nacional comenzaron a pasar el tamiz y labrar infracciones a aquellas empresas que no cumplieron o lo hicieron parcialmente.
El plazo para presentar documentación venció el 28 de febrero de este año.

De acuerdo a lo que pudo saber el portal especializado, hay dos barcos, cuyos nombres no trascendieron, que incumplieron de manera total el compromiso de reproceso. A ambos barcos les correspondía reprocesar entre el 10% y el 20% de sus capturas y se les ha aplicado una multa de 300 mil Unidades Pesca (UP), la máxima sanción que establece la Ley Federal de Pesca.

Cabe señalar que cada UP equivale al precio de un litro de gasoil que se expenda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor de la UP se actualiza en abril y octubre de cada año. Por lo que significa que la multa asciende a unos 23 millones de pesos.

No sólo estas dos embarcaciones incumplieron con lo que está escrito en sus permisos de pesca.

De acuerdo a lo que trascendió desde la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, hay más notificaciones de sanciones para otros buques que incumplieron, pero de manera parcial.

De acuerdo a la ley federal, no sólo habrá una sanción económica, sino que también podría darse una suspensión preventiva, la cual, en un contexto de pesquería cerrada, posiblemente se haga efectiva en el inicio de la zafra 2022.Para el caso de los poteros, que pudieron acreditar un reproceso parcial de la cuota comprometida, se aplicaron multas menores, pero igualmente importantes. Por ejemplo, hubo uno que descargó en planta sólo 17 de las 183 toneladas y recibió una sanción de 28 mil UP, unos 2,2 millones de pesos.

Desde la dirección señalaron que “el año pasado, en plena primera ola de Covid, resultó muy difícil para el cuerpo de inspectores poder fiscalizar la descarga de los poteros y la confección de las actas complementarias que establece la Resolución 299 para cuando el calamar se descargaba para ser reprocesado en frigoríficos”.
El 70% de los poteros cumplió su cuota en Mar del Plata, Deseado y Madryn.

A principio de este año se les envió una nota a todos los tenedores de permisos de pesca con compromiso de reproceso para que den el aviso de descarga con 72 horas de anticipación. “El 70% de los obligados a reprocesar avisaron y pudimos comprobar fiscalizando tanto en Mar del Plata como en Puerto Deseado y Puerto Madryn. Pero otros no avisaron y tenemos estas inconsistencias”, indicaron.

De todas maneras, aclararon que la situación no es igual en todos los casos. “Pero el denominador común es que falta documentación respaldatoria”, resumieron desde la dirección, mientras señalaron que aún siguen revisando la documentación de toda la flota.

Fuente: Revista Puerto