El catorce de abril, día en el que murió Millaray Cattani, la Policía de Santa Cruz dio intervención al Juzgado de turno y a la Fiscalía a cargo de Ariel Quinteros. Más tarde, la familia de la adolescente presentó una denuncia relacionando la muerte con un abuso sexual que habría sufrido dos años antes, por parte de un joven que al momento del hecho tenía 18 años.

Esto surge de una investigación familiar que indagó entre las pertenencias de la adolescente y comentarios de amigas.

Frente a este panorama se decidió aplicar el "Protocolo para la Investigación y Litigio de casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios)", elaborado por la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, al que el máximo tribunal santacruceño adhirió en noviembre del año pasado.

En este sentido, el fiscal Quinteros explicó que "para no generar dos causas con testimonios que se repitan y una doble instrucción, se unificaron”, sobre todo, teniendo en cuenta que hay testigos “que son menores de edad y no van a venir dos veces”.

Una de las medidas más importantes que se solicitaron fue la realización de una “autopsia psicológica” para conocer cómo se encontraba la adolescente al momento del hecho, pero también porque, “en las testimoniales se habla, por un lado, de una situación de abuso, y por el otro, de una situación de violencia física en su entorno".

Quinteros aseguró que la hipótesis del abuso sexual como una motivación para cometer el suicidio “se está construyendo, no se descarta” y que de hecho “la persona sindicada está imputada y a derecho".

El fiscal manifestó que “la cantidad de medidas que se dictaron es importante, la querella criminal tiene su derecho de solicitar más pero no hay que perder de vista que compartimos la acusación".

En las publicaciones periodísticas de portales de Buenos Aires, que surgieron durante el fin de semana, la Fiscalía aparece como la responsable de ordenar medidas. Sin embargo, es importante recordar que Santa Cruz todavía no tiene un sistema acusatorio, sino mixto, y por lo tanto, las decisiones de la investigación están en cabeza de jueces y juezas.

"Yo no tomo las decisiones ni las testimoniales" aclaró Quinteros, que desmintió rotundamente declaraciones que le atribuyen haber convalidado la idea de una relación consentida entre la joven y el imputado, o que descartaran que pudiera tratarse de un suicidio instigado.

Por otro lado, confirmó que esta mañana lograron avanzar en la remisión de los oficios correspondientes a las redes sociales: Facebook e Instagram para abrir las los perfiles de Millaray, lo que resultara de absoluta trascendencia para la autopsia psicológica.

"Hasta el momento tenemos en Fiscalía mensajes que fueron recuperados del celular, pero no con la persona imputada. Se trata de mensajes de sms, que sabemos que no es la plataforma más utilizada por los jóvenes”, dijo luego el fiscal.

Por estas horas, se habla de la existencia de manuscritos que habría dejado la adolescente, en los que se daría cuenta del abuso sufrido, aunque esto todavía no está en poder del fiscal sino del equipo de peritos.

Finalmente, Quinteros celebró que la querella sea autónoma, y reiteró que llevan adelante “una tarea compartida porque ambos queremos descubrir la verdad de lo que pasó con Millaray”, aunque aclaró que, a diferencia de juez de instrucción, no recibió pedidos de audiencia de la familia de la joven.

“Nosotros estamos en el mismo camino de averiguar las circunstancias y trabajar juntos, pero las medidas que solicitan no son resorte mío resolverlas, sino del juez”, insistió.