Esta mañana se desarrolló una sesión extraordinaria del Concejo deliberante de Caleta Olivia. En la oportunidad los ediles aprobaron, por unanimidad, un proyecto que resultó de la fusión de dos iniciativas.

El objetivo de ambas era sancionar a organizadores y participantes de fiestas clandestinas, por tratarse de una transgresión que atenta contra la salud pública.

Habían tomado estado parlamentario en la última sesión ordinaria y, en la comisión de Asuntos Legislativos, un proyecto unificado logró despacho unánime. Los dos proyectos que conformaron la propuesta había sido presentados por los concejales Miguel Troncoso (FdT) y Gabriel Murúa (JxC).

La Ordenanza impone importantes multas económicas para los organizadores, y la obligación de realizar tareas comunitarias a los participantes. La novedad es que, en caso que estos sean menores, deberán ser sus tutores legales quienes realicen las tareas sancionadas por el Juzgado de Faltas; que es la autoridad de aplicación.

El despacho primero, y el proyecto de Ordenanza después, obtuvieron los votos de Paola Álvarez (FdT) y Cristian Bazán (JxC). Vale recordar que Juan Carlos Juárez continúa internado por Coronavirus, y no participa de las sesiones hace semanas.

Consultado Murúa acerca de la sesión de hoy, señaló en diálogo con el programa radial Más de lo Mismo y El Caletense que "lamentablemente es una problemática que está proliferando en la provincia y cada fin de semana estamos viendo que también lo hace en Caleta. Lo único que le va a poner freno al Covid es la vacunación, pero al igual que otros municipios del país, le estamos dando herramientas al ejecutivo para actuar contra las fiestas clandestinas, por el problema sanitario que provocan con los contagios", dijo.

También ejemplificó que la problemática se vuelve más evidente, cuando "en un quincho para 10 personas se reúnen 100, sin barbijo, compartiendo bebidas, sin distanciamiento".

Murúa enfatizó que desde "hace un año y medio se vienen dando recomendaciones" para evitar la aglomeración de personas. Sin embargo, la realidad demuestra que las fiestas continúan realizándose – aún en la ilegalidad – "y nos parece que es momento que el municipio tenga un instrumento con el cual pueda actuar", señaló.

Por otra parte, acotó que ahora resta que la medida sea promulgada por el ejecutivo. Dijo que la Ordenanza faculta a los inspectores municipales con "poder de policía", y que seguramente "se deberá trabajar en conjunto con la Policía".

Trajo a colación que la iniciativa debiera ser acompañada por "una flexibilización para el sector gastronómico. Si la gente puede ir a lugares con los protocolos de seguridad adecuados, seguramente no elegirá ir a las fiestas clandestinas", opinó.

Finalmente, se refirió a las sanciones: "las multas para quienes organizan estas fiestas clandestinas, van de 100 mil a 400 mil pesos. Las multas para quienes participan son tareas comunitarias, que van de 23 a 100 horas. En el caso que sean menores, quienes tienen que realizarlas son los tutores o padres. Los lugares para realizar las tareas serán determinadas por el Juez y con control del Ejecutivo".

Y aclaró que a quien presta un espacio para realizar los festejos, aunque no participe ni organice, también la cabe la sanción de taras comunitarias.