Tras veinte años de maniobras que evitaron que el Correo Argentino pagara su deuda millonaria con el Estado y el resto de sus acreedores; la jueza Marta Cirulli decidió decretar la quiebra. La entidad postal es operada por el grupo empresario del ex presidente Mauricio Macri, y empresas como Socma y Sideco podrían tener que responder con su patrimonio.

La jueza determinó el fallo en medio de ostensibles presiones lanzadas por el propio Macri, en una carta pública en la que intentó mostrarse como un "perseguido político y judicial".

La declaración de quiebra puede implicar que queden expuestas operaciones irregulares que pudieron haber ocurrido en estos años, que fueron denunciadas por la fiscala de Cámara Gabriela Boquin desde que detectó un pacto para licuar la deuda del Correo Argentino durante el gobierno de Cambiemos.

Ahora la empresa será desapoderada de sus bienes, de sus cuentas e incluso de la posibilidad de seguir por sí los juicios contra el Estado. Pero la quiebra se extendería a la firma controlante, Socma, que en los papeles conforman los hermanos del exmandatario.

La jueza Cirulli escribe el final de la resolución en primera persona: "Invertí todos los esfuerzos jurisdiccionales imaginables para tutelar el interés de la totalidad de los sujetos comprendidos en el procedimiento, cual se puede percibir fácilmente de una detenida lectura de la causa principal y de los Incidentes de Investigación aún en trámite (...) Concluyo la cuestión de la única forma legal posible, sin ningún margen de duda".

El fallo es duro con el Correo, al que atribuye un intento por perjudicar al Estado al intentar excluirlo del proceso. Además tiende un gran manto de dudas sobre todos sus manejos en el expediente a lo largo de los años para salvarse sin grandes costos y esquivar la quiebra.

Ordena, entre una lista de 19 medidas, el embargo de los bienes y cuentas del Correo, también su inhibición, que en 24 horas entregue todos los libros contables y documentación y prohíbe la salida del país de los administradores. Habrá un inventario de bienes, que serán incautados con miras a su remate. Todo lo que no entregue la empresa será secuestrado con la fuerza pública.

El Correo salió a responder con un comunicado titulado "Correo: la peor de las arbitrariedades" donde atribuyen la decisión judicial a "venganza e intereses políticos" del Gobierno y la describen como "un paso hacia Argenzuela", a tono con los latiguillos de la oposición de estos días, además de reiterar las acusaciones de la carta de Macri.

Próximos pasos
La empresa quebrada apelará el fallo. Sin embargo el recurso no suspende los trámites ni consecuencias inmediatas del mismo. La defensa podría intentar inmiscuir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, que ya intentó correr del caso a la jueza y la fiscala de Cámara.

Implicancias
El Correo queda desapoderado de sus bienes, cuentas y dinero disponibles. Pierde, además, el control de los juicios que le había iniciado al Estado con la excusa de la expropiación en el año 2003, reclamándole sumas similares a su deuda. Tendrá que poner toda la documentación contable y de la sociedad a la vista.

La quiebra, probablemente, se extenderá a las empresas controlantes, Socma y Sideco, para que se hagan cargo de las deudas. Se podrían embargar bienes de estas firmas también. Hoy los accionistas de Socma en los papeles son los hermanos de Mauricio Macri, y el que más poder concentra es Gianfranco Macri.

Podría determinarse la "ineficacia" de los actos celebrados en un período bajo sospecha, como las operaciones de vaciamiento, con pagos a consultores y estudios amigos, o desvíos de dinero desde cuentas del Correo, y la compra de acciones de otras sociedades pese a tratarse de una empresa inactiva, como ocurrió con Neficor SA., sociedad constituida en Uruguay que tiene el 49 por ciento de Chery, dedicada al negocio automotriz, a la que se le pagaron 2 millones de dólares.

Se podría declarar la responsabilidad de los directores/administradores. El presidente del Correo es Jaime Cibils Robirosa, investigado penalmente también en Comodoro Py. Su número dos, Pablo Sarín, es yerno del diputado Pablo Tonelli, que fue apoderado con facultades de administración y está sospechado en el vaciamiento. También fue director, por ejemplo, el exministro de Modernización Andrés Ibarra. Podrían ser inhabilitados para ejercer el comercio y cargos públicos. Son sólo algunos nombres.

El fallo
La sentencia recuerda que el año pasado abrió la instancia de salvataje, donde se presentaron cinco empresas para rescatar al Correo y la única que no se retiró fue la propia firma postal. Entonces fue a la carga con un nuevo ofrecimiento de pago de deuda, que según los cálculos de la fiscalía de Cámara superan los 6 mil millones de pesos. Pero dijo que pagaría mil millones de una vez, lo que implicaba desconocer millones en intereses acumulados en dos décadas.

El Estado Nacional, principal acreedor (entre más de 700), le dijo que no y pidió la quiebra. El Correo ahí hizo dos cosas: intentó que la Justicia declare al Estado como "acreedor hostil" y lo excluya del concurso y sostuvo que tenía suficientes conformidades entre el resto de los acreedores como para terminar la discusión. Para esto último contabilizaba el respaldo del Meinl Bank, un banco austríaco acusado de lavado de dinero, inhabilitado para operar por el Banco Central Europeo, que había adquirido los pasivos privados más grandes.

La jueza priorizó la postura del Estado, como acreedor mayoritario que compone una única categoría en el concurso de acreedores, y que rechazaba otra vez el ofrecimiento del Correo. Cirulli señaló que no había razones válidas para excluir al Estado del cómputo de las mayorías como quería la empresa para que le cerraran los votos. "No aportó las conformidades que cumplan" con los requisitos, dijo. "Tampoco --agregó-- encuentro configurada la calidad de acreedor hostil" del Estado, al que describió siempre predispuesto la negociación. "Al no haber obtenido las conformidades necesarias para lograr el acuerdo corresponde (...) declarar la quiebra de Correo Argentino S.A., sin más trámite", concluyó.

Para colmo, mostró que el ofrecimiento del pago del 100 por ciento de la deuda era engañoso: tardaría unos 11 años sin reconocer los intereses y con tasas irrisorias que, como mínimo, no compensan "ni remotamente" lo adeudado solo por la falta de pago de cánones desde 2001. Agregó que "la conducta desplegada" por el Correo "a lo largo del dilatado trámite concursal no auspicia --desde la perspectiva del acreedor-- la necesaria confianza en el cumplimiento fiel de lo prometido".

El fallo analiza que el Correo pretendía dar por válidas conformidades que había obtenido en 2007, en otro escenario y con otros indicadores económicos. Da crédito a una denuncia de Boquin que señalaba que "las mayorías obtenidas no fueron genuinas, por haberse obtenido fraudulentamente" ya que "los apoderados y cesionarios de acreedores se encuentran vinculados a tres estudios de abogados, que son "apoderados del propio Correo" y "al menos dos de ellos poseen miembros de su estudio en el directorio" de la empresa. A eso suman las sospechas sobre el voto del Meinl Bank, "cesionario de los créditos verificados en favor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI)" por $ 374.117.718,99, cuyo valor fue congelado al del dólar de 2013, a 6 pesos.

Según Cirulli "una operación sospechosa de la concursada con esa entidad". Ya había señalado en otra resolución sospechas de lavado de dinero que ahora --al quedar la empresa fuera del control de sus dueños-- podrían ser más fáciles de dilucidar.

Fuente: Página12