Un nuevo escándalo político surgió en las últimas horas en la provincia del Chubut. La polémica se disparó, nada menos que ante el intento de designar magistrados para que se incorporen al Superior Tribunal de Justicia.

El gobernador Mariano Arcioni elevó los pliegos pero, según le marcaron desde el Colegio de Abogados de Puerto Madryn, lo habría hecho sin cumplir con las pautas establecidas por ley y de forma constitucional.

"Desde el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn deseamos expresar nuevamente nuestra profunda preocupación por el absoluto desprecio a las instituciones legales que exhiben nuestras autoridades provinciales", dispararon desde el organismo que nuclea a la matrícula de letrados de la ciudad costera.

Asimismo, agregaron haberse enterado por los medios de comunicación, que Arcioni "ingresó a la Legislatura Provincial los pliegos de tres postulantes para ocupar vacancias en el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia".

En el mismo sentido, advirtieron que la Constitución de esa provincia prevé "en sus artículos 155 y 156 que corresponde al Poder Ejecutivo Provincial la postulación de los Ministros para su aprobación por la Legislatura y el referido procedimiento se encuentra reglado actualmente por la Ley V Nº 152".

Y aquí es donde los abogados y abogadas de la matrícula le "marcaron la cancha" al mandatario, porque señalaron enfáticamente cuáles son los procedimientos que el gobierno no habría cumplido.

La metodología "ilegal" de Arcioni

Trajeron a colación que la ley mencionada fue aprobada en junio de 2016, cuando Arcioni presidía la Legislatura – siendo vicegobernador de Mario Das Neves -.

Expresaron que el gobernador faltó al requisito de "publicar en el Boletín Oficial y en al menos dos Diarios de Circulación Provincial, durante Tres días, nombres y antecedentes curriculares de las personas a considerar para postular".

También aseveraron que no presentó los certificados homologados "por profesionales idóneos del Sistema de Salud Pública Provincial del Chubut que acrediten aptitud física y psíquica para el desempeño de la Magistratura por las personas consideradas".

Por otra parte, indicaron que tampoco se cumplió con la presentación de la declaración jurada de todos los bienes propios, de su cónyuge y/o los del conviviente y de hijos menores de los postulantes. Y apuntaron que eso lo marca la Ley de Ética Pública.

Además, mencionaron que no se concedió el plazo de 15 días "a los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, luego de la publicación oficial para presentar al Ministerio de Gobierno, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar en relación de los incluidos en el proceso de preselección".

Resaltaron que antes de elevar los pliegos a la Legislatura, se debió "hacer mérito de las posturas u observaciones efectuadas" y, en relación al punto anterior, esto tampoco se habría cumplido. "Claramente, no se ha seguido en absoluto el procedimiento legal establecido por la Ley V Nº 152", subrayaron.

Finalmente, desde el Colegio de Abogados de Madryn exhortaron al gobierno del Chubut a "respetar la Ley". Explicaron que "cualquier incumplimiento legal por parte de las autoridades es sumamente grave, pero más grave es aún cuando la ilegalidad se comete en un proceso de semejante trascendencia institucional como es la designación de las máximas autoridades de la Justicia Provincial".