En un comunicado emitido este lunes, la organización feminista Araucarias, alertó acerca del "incumplimiento de un derecho que tiene 100 años". Se trata de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aprobada hace una centuria para casos extremos tales como los abusos sexuales.

Además, explicaron que la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), se garantiza “a medias” en Santa Cruz; debido a que proliferan los casos de derivaciones fuera de la provincia. En tal sentido, marcaron las “objeciones de conciencia” expresadas por la mayoría de los profesionales médicos y de la obstetricia en el sistema local de salud pública. También mencionaron, con nombre y apellido, a profesionales que "maltratan" a las mujeres que van en busca de "cumplir con su derecho".

"La organización de comunicadoras feministas de Santa Cruz alertó sobre el incumplimiento de un derecho que tiene ya cien años. El aborto por causales no se garantiza en su totalidad. Además, a más de seis meses de la aprobación de la IVE, no se abren los consultorios para la atención de esta práctica y la inmensa mayoría de los y las profesionales son objetores", dijeron.

Asimismo, indicaron que mantuvieron reuniones y conversaciones "con funcionarios y funcionarias" de distintas áreas vinculadas a garantizar el derecho a la interrupción del embarazo, ya sea por causales de salud, violación o voluntad.

"Santa Cruz sostiene el discurso de que se sumó sin inconvenientes a la ampliación de derechos, sin embargo nos vemos en la obligación de aclarar que esto no es así en la práctica", enfatizaron.

Y explicaron, en tal sentido, que "los que se denominan abortos voluntarios se garantizan en su gran mayoría mediante médicos y médicas generalistas con prácticas ambulatorias hasta la semana 14. En cambio, los abortos legales, es decir aquellos que están contemplados en las causales de salud o violación que establece nuestro Código Penal desde 1921, por lo general llegan a la consulta con más de 14 semanas".

Agregaron que "su garantía es cuestión de suerte porque el procedimiento que también es medicamentoso requiere de internación en sala para el seguimiento continuo de especialistas en la materia".

Caso en Caleta Olivia

Según la organización, recientemente, en Caleta Olivia, "una joven que fue abusada por su padre y la dejó embarazada, debió ser derivada hacia Río Turbio, porque las médicas que acompañan las ILE no contaban con la colaboración de los profesionales que necesitó la práctica, es decir especialistas en obstetricia y ginecología".

Trajeron a colación, que por las mismas razones "en los últimos meses, hubo casos de derivación a la provincia de Neuquén, Chubut y Buenos Aires mediante la intervención - salvadora - de la línea 0800 que depende del Ministerio de Salud de la Nación".

También mencionaron detalles de la atención en el Hospital Regional de Río Gallegos. "La IVE o la ILE, se realizan sólo con la aprobación de uno de los directores, Mauricio Fernández, quien exige la presentación de una nota explicando los motivos de la solicitud", dijeron.

Y relataron, en la misma dirección que una de las solicitantes debió escribir una nota en la que expresó: "Estoy estudiando, tengo un hijo y no tengo trabajo". "Solo así pudo acceder a su derecho. Nada de esto dice la ley ni el protocolo aprobado por resolución ministerial. Por el contrario, solo habla de consentimiento informado y de declaración jurada en los causales de violación", recordaron.

Además, subrayaron que si la solicitante es atendida por el Jefe de Obstetricia del Hospital "reciben un grado alto de maltrato que debería ser, no sólo motivo de sumario por el rol institucional del que se trata, sino que también amerita su desplazamiento en el cargo para darle lugar a un o una profesional que no obstaculicen los derechos de las mujeres y diversidades para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas", expresaron.

Solución

Para Araucarias la solución para dar garantía a los derechos adquiridos "a través de décadas de lucha feminista", es que "de forma urgente, el Ministerio de Salud y Ambiente abra consultorios para la solicitud de la IVE o ILE, para dar lugar a la entrevista inicial, con una escucha respetuosa y contenedora de las situaciones que atravesamos las mujeres, como lo establece el Protocolo de actuación".

Marcaron que la situación denunciada suma "vulnerabilidad emocional" y eso "es violencia" que "perpetúa la clandestinidad de una práctica que se legalizó". Y advirtieron que “si esto no estuviera pasando, entonces no recibiríamos permanentemente las consultas de quienes desean interrumpir sus embarazos porque no saben a dónde recurrir, tal como sucede actualmente con la enorme red de socorristas que cumplen con informar y acompañar amorosamente, tarea que en realidad debiera hacer el Estado de Santa Cruz”.

Objetores, obstaculizadores

"Hoy, la inmensa mayoría de los y las obstetras de la provincia son obstaculizadores, y si bien la objeción de conciencia es una figura que está contemplada en la ley N° 27.610, es obligación del Ministerio de Salud la contratación de profesionales – verdes -. De lo contrario, no hay forma de argumentar que el derecho se esté garantizando. Al menos no sin que desde este espacio les recordemos que es mentira", aseveraron desde Araucarias.

Apuntaron que llevan tres pedidos de información pública al Ministerio de Salud, sin respuesta. Adelantaron que realizarán un cuarto pedido, y que de no mediar réplica; deberán optar por la presentación de un amparo.

"Necesitamos un Ministerio de Salud que escuche, atienda y ordene el cumplimiento de un derecho que nos costó tantos años de dolor y pérdida de vidas conseguir", culminaron.