En toda Santa Cruz, los trabajadores estatales, personal de la salud y docentes deberán esperar al menos hasta el próximo 9 de noviembre para conocer la nueva pauta salarial, luego de que el gobierno provincial se sentara ayer en la mesa de paritarias sin una oferta económica concreta. La jornada de negociaciones, marcada por las expectativas del sector trabajador tras la escalada inflacionaria, se centró en la exposición de la crisis financiera que atraviesan las arcas públicas.

En diálogo exclusivo con El Caletense Radio, el secretario de Estado Oscar Barrientos, uno de los paritarios designados por el Ejecutivo, explicó que este primer encuentro tuvo como objetivo central "retomar el diálogo" y escuchar las demandas, pero advirtió que la provincia no está en condiciones de asumir compromisos a ciegas. "No podemos plantear una propuesta que no sabemos si vamos a poder cumplir. El Ministerio de Economía está trabajando con distintas estrategias para generar robustez en las arcas del tesoro y esperemos que para la próxima reunión del 9 de noviembre podamos llevar algo concreto", precisó el funcionario.

El peso del déficit y la ley de financiamiento trabada

Uno de los datos más duros que dejó la mesa de negociación fue el estado financiero de Santa Cruz. Según detallaron los técnicos de la cartera económica frente a las entidades sindicales, la provincia arrastra un déficit mensual del 1,7%, lo que ha obligado a la gestión a priorizar la liquidez para garantizar el pago en tiempo y forma de los sueldos y aguinaldos actuales.

Barrientos remarcó que las demandas de recuperar el 6% perdido frente a la inflación y el pedido de ADOSAC de reinstalar la cláusula gatillo (suspendida en este 2026) chocan de frente con esta realidad. "El punto de partida es el déficit financiero que tenemos, que impide cualquier proyección por encima de lo que podemos ofrecer. Si no tenés con qué absorber una obligación en la cual se convierte en un derecho para los trabajadores, es muy difícil plantearse una propuesta hacia el futuro", argumentó.

Asimismo, el funcionario apuntó contra las trabas políticas en Río Gallegos, señalando que la falta de herramientas responde también a la negativa de la oposición en la Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Financiamiento. "Nos hubiera permitido no solamente tener una pauta salarial para este año, sino una proyección para el año siguiente y obras para distintas localidades", lamentó.

La situación de la Policía y el estado de alerta gremial

Mientras los sindicatos docentes y estatales procesan la falta de oferta y evalúan los pasos a seguir en asambleas, surgió la duda sobre la situación de las fuerzas de seguridad. Al respecto, Barrientos aclaró que el sector policial "tiene pautas salariales fijadas de acá hasta fin de año", por lo que cualquier nueva convocatoria dependerá exclusivamente de los lineamientos del Ministerio de Seguridad.

El escenario queda en pausa, pero con tensión acumulada. Desde el gobierno buscaron enviar un mensaje conciliador hacia la clase trabajadora de la Cuenca del Golfo San Jorge y el resto de la provincia: "Las demandas de los gremios son reales, concretas y entendibles. No tenemos vocación de no querer dar aumento; la limitación es absolutamente financiera, no es una falta de intención política", concluyó Barrientos.

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