En diciembre de 2020 un hombre se comprometió a pagar 8.000 pesos por mes de cuota alimentaria para sus hijos, pero nunca lo hizo. Ante las reiteradas faltas, fue sancionado por la justicia que le quitó el carnet de conducir y le dio de baja todos sus teléfonos. Hasta que no abone la deuda, no podrá levantar la sanción.

La jueza de Familia de Cipolletti, Marissa Palacios, actuó de forma severa contra un padre que adeuda 80 mil pesos de cuota alimentaria. Le prohibió conducir su automóvil, le retuvo el carnet y dio de baja su teléfono celular. Desde el año pasado que el hombre no les paga la manutención a sus hijos.

Las medidas tienen carácter conminatorio; esto implica que se mantendrán las prohibiciones hasta que el hombre abone lo que debe en concepto de cuota alimentaria. Hace un tiempo, la misma jueza secuestró y remató el auto de un hombre que no mantenía a sus hijos. Con el dinero de la subasta canceló la deuda alimentaria.

La jueza Palacios fundó la medida en la Convención de los Derechos del Niño y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Puntualmente, el artículo 553 establece que se puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

A su vez la magistrada consideró que el Estado debe obligarse a garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con una tutela judicial efectiva en tiempo útil, más aún cuando la normativa otorga herramientas para hacerlo.

En diciembre de 2020, el padre le prometió a la madre que le depositaría todos los meses la suma de 8.000 pesos en concepto de cuota alimentaria por los hijos que tienen en común. Ante el incumplimiento reiterado, la jueza tomó medidas. Ordenó la suspensión para conducir y el retiro de la licencia de conducir del hombre, así como suspendió las líneas telefónicas a su nombre.

En la misma resolución les envió oficios a los municipios del Alto Valle y a la dirección nacional de Tránsito para comunicarles la medida que tendrá vigencia “hasta tanto exista resolución judicial en contrario”. Los mismos oficios se enviaron a las compañías de telefonía fija e inalámbrica.

Fuente: El Patagónico