Previo a la presentación de su informe anual, el equipo del órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, conducido por Alfredo Stober, e integrado por la psicóloga Camila Sturla, la antropóloga y máster en Salud Mental, Myriam García y la trabajadora social Marcela Aguilar, bajo la órbita de la Defensoría General de Santa Cruz, consideran que existe un saldo variado del impacto de la pandemia, sobre todo durante el aislamiento social.

“La problemática que dejo la pandemia fue para los dos extremos de la sociedad, tanto niños como adultos mayores fueron los que más más sufrieron el encierro, aislamiento, la falta de actividades y contacto social”, advirtieron, aunque “la franja etaria más afectada esta entre los 10 y los 14 años. Es una edad muy baja con intentos de suicidio, a veces más de un intento previo”.

Además de lo que se define como “ideación tanática”, advirtieron sobre el aumento de trastornos de la conducta alimenticia en “en algunos casos muy graves, en niños, muy chiquitos, doce trece años”.

Control de derivaciones

Frente a la complejidad que presenta el panorama y bajo la premisa de difundir y hacer cumplir los alcances de la ley, el equipo- acompañado por el defensor General, Domingo Fernández- se reunió con la Secretaría de Abordaje Integral de Problemáticas de Consumo y Comportamiento, creada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete del Gobierno provincial y, una vez finalizadas las restricciones a la circulación, retomó su agenda de visitas a municipios.

En el primer caso, Stober explicó que el Órgano de Revisión quiso conocer “cuáles son las funciones que llevan adelante en la provincia, las competencias que tienen y qué articulación tienen con Sendronar”.

Sucede que el organismo es el que se ocupa de controlar que las derivaciones e internaciones que se realizan estén justificadas y tengan el consentimiento informado. Sin embargo “no todos los servicios toman esa responsabilidad, sean internaciones voluntarias o no”, lamentó Stober.

En este punto, el funcionario judicial marcó que “muchas veces sucedió que a las internaciones se les daba un rotulo de voluntaria para evitar tener que informar al Órgano de Revisión o a algún Juzgado, y eso es al margen de la ley porque una derivación es una medida excepcional y debe estar justificada con criterio terapéutico. Nos pasó que detectamos derivaciones del interior y veíamos que el ente derivador era una obra social o la Sedronar porque tienen articulación con la secretaría que depende del Gobierno”.

“Nuestro objetivo es que se cumpla que la internación sea voluntaria y no se haya disfrazado, que se garantice el consentimiento informado y se haga un plan de continuidad en el lugar donde vive la persona para cuando regrese”, indicó sobre usuarios y usuarias que muchas veces están por consumo problemático.

Se cree que existe un universo de más de veinte personas derivadas e internadas, de las cuales cinco que están en clínicas que están cerrando por imperio del nuevo paradigma de la salud mental, que rompió con la lógica “monovalente” o lo que alguna vez se conoció como “manicomios”.

Por ejemplo, Anakainosis, (Comodoro Rivadavia), está en un plan de readecuación y anunció el cierre de la atención de usuarios crónicos, por lo que en un año deberán reubicar a su población, integrada también por persona de Santa Cruz (3).

El mapeo

Por otro lado, el Órgano de Revisión inició este año la creación de un mapa de todas las instituciones estatales o no, incluidas las ong’s que trabajan como dispositivos territoriales o centros de día donde las persona siguen insertada en la comunidad.

Conocer esto es importante porque cuando la persona está equilibrada luego de una crisis, y tiene que regresar a su comunidad, debe saber dónde insertarse, qué trabajo y actividades puede hacer.

Sucede que “el cambio de paradigma es complejo para salir de la visión hospitalocentrica. La ley plantea que haya dispositivos en la comunidad, aunque la persona tenga un tratamiento sostenido y una comunidad de cuidados”, explicó luego Stober, marcando que los servicios atienden la urgencia, pero después “no hay un seguimiento y no es responsabilidad solo del servicio de salud, porque la salud mental se construye en comunidad”, definió.

Vale mencionar que el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental está compuesto por el Ministerio de Salud, el Consejo de Profesionales de Graduado en Trabajo Social, el de Psicólogos, la Defensoría General, la Secretaría de Estado de DDHH, entre otros, quienes de forma mensual se reúnen en plenario para evaluar casos de vulneración de derechos, los servicios y fortalecer el trabajo institucional.