Una niña de 10 años fue obligada a parir, este lunes, en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en San Miguel de Tucumán. El abusador, Carlos Alberto Merlos, de 54 años, está prófugo. Claro, decir "parir" que ya es un horror a esa edad, deja fuera de cuestión los 7 meses previos que llevó la gestación -porque no se trata de milagros-, y quienes hayan estado a cargo de la niña, no solo sus tutores (porque había una disputa de tenencia de por medio con la madre biológica y porque Merlos es pareja de Isolina, quien tenía la guarda provisoria), sino la escuela a la que asistía la niña, la justicia de familia que llevaba la causa judicial, la Dirección de Niñez, que debía ser parte en la causa; todos ellos asistieron al crecimiento del cuerpo de la niña durante la gestación sin que se les haya movido un signo de interrogación. No solo eso. Para cerrar el tremendo caso equiparable a una tortura, a la prensa local se le informó que se había cumplido con el protocolo ILE, pero que por la avanzada edad gestacional nació con vida. "Esto es equivocado, ya que de haberse activado el protocolo eso no debiera haber sucedido", aseguró a Página/12 la abogada Soledad Deza, feminista, fundadora de Mujeres x mujeres.

Según la información pública, que comenzó a circular de boca del representante legal de la madre, Patricio Char, la niña quedó en el medio de una disputa por la tenencia entre la madre biológica y la cuidadora (Isolina), con un fallo favorable de parte de la justicia, primero en favor de quien llevaba la guarda, y después de la madre, pero con una orden judicial: "Si bien la madre biológica obtuvo la tenencia, la justicia provincial determinó que quedaría a cargo de Isolina, hasta entonces la madre pudiera resolver la situación de vulnerabilidad en la que vive", dijo a este diario.

A lo que importa de la situación, la vida de la niña estuvo atravesada por un mundo de adultos que miraron para otro lado. Porque la intervención judicial llevó varios años. Actualmente, por la situación irregular de la custodia de la niña, interviene el Juzgado de Familia, a cargo de la Dra. Rossana Martínez. No hubo ninguna mención de su lado. Durante la judicialización tuvo que ser parte interesada la Dirección de Niñez y Familia., que tampoco se percató de nada. Por otro lado, la niña estaba escolarizada y en el establecimiento deberían haberse percatado de su situación o simplemente el Estado debería haber intervenido si no estaba escolarizada.

Según la información que circuló en los medios locales, y que confirmó Char, la niña ingresó al Hospital Eva Perón, que la derivó sin garantizarle la ILE y luego, en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, tuvo lugar el parto. "Entonces, otra vez el Estado la revictimiza en otro espacio institucional -sostuvo Deza-. Es inaceptable."

"Acá hay que pensar varias cosas -sostuvo Deza-. Por un lado, los embarazos en niñas tan pequeñas suelen detectarse tarde. Y acá abro dos interrogantes: ¿Qué hace el sistema de proteccion de las infancias para disminuir este horror? Ahí hay una niña que fue entregada a otra familia vecina por una vulnerabilidad previa de una estructura familiar y el Estado no tenía ni noticias al parecer. Y si tenía noticias de esa situación, ¿por qué no hubo un seguimiento? Si hizo un seguimiento, fue claramente un fracaso. Hay una Dirección de Niñez y Familia absolutamente ausente. También una escuela para quien esa niña abusada fue invisible. Luego de ello, también hay que reflexionar acerca de una política pública sanitaria. No puede sostenerse recargando las espaldas de uno o dos profesionales que hagan abortos en el tercer trimestre", denuncia Deza, y agrega, "fotolisis, que ya se ha hecho en Tucumán, en el tercer trimestre es muy duro, y no hay formación de profesionales en ese sentido. Pero, lo cierto es que es una realidad de las niñas abusadas. Y no se puede cargar en sus espaldas la ausencia un Estado y, mucho menos, validar las violencias institucionales en ellas. Es muy injusto, muy triste, pero sobre todo, imperdonable."

"Esto es parte de otro problema más macro que es que el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, es un objetor de conciencia. De hecho es quien el organizó el abrazo simbólico al Hospital Avellaneda cuando ocurrió lo de Belén -la joven condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo y que finalmente, con la presión de la militancia y la representación de Soledad Deza, logró ser liberada por decisión de la Corte tucumana-. Entonces, hay ahí una intencionalidad en ese tipo de nombramientos que aunque no sean explícitas manifestaciones en contra de la politica pública de aborto legal, revelan una opción por frustrar el acceso a la prestación."

En lo que concierne al violador prófugo, el fiscal a cargo, Carlos Sale, caratuló el expediente como "abuso sexual agravado" y solicitó la captura nacional e internacional del fugitivo.

Fuente: Página 12.