El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral y público al financista de los Kirchner, Ernesto Clarens, y a otras 12 personas, entre ellas Andrea Cantín, a las que acusó de lavar al menos 160 millones de dólares provenientes de las obras públicas direccionadas y con sobreprecios, en una causa conectada con el juicio oral que enfrenta Cristina Kirchner, acusada de favorecer el empresario patagónico.

Pollicita, en un escrito elevado al juez federal Julián Ercolini, al que accedió LA NACION, promovió enjuiciar a Clarens, a Carlos Alberto Eduardo Digianni; a Guido Santiago Blondeau, a Rafael Mateo Merlini; a Graciela Elsa Ancarani; a César Gerardo Andrés; a Andrea Daniela Cantín, a Martín Samuel Jacobs; a Emilio Martín; a Andrés Kechihian; a María Julia Cis y a Armando Ulled.


Este expediente, aclaró Pollicita, debe ser analizada en el contexto de la causa que enfrenta Cristina Kirchner en un juicio oral, acusada de direccionar obras en favor de Báez. El fiscal señaló que uno de los “organizadores de esa asociación ilícita, Lázaro Báez, recurrió a Ernesto Clarens” para organizar compleja ingeniería financiera de modo de disfrazar el origen ilícito de los fondos que las empresas de Báez recibían del Estado, mediante el fraude en la obra pública vial.

“Existe una íntima conexión entre la asociación ilícita, el fraude a la administración pública y el lavado de activos aquí investigado, ya que en esta causa se ha podido comprobar que, una vez sustraídos los fondos al Estado Nacional mediante el fraude en la obra pública vial, se recurrió a un proceso de distanciamiento y reciclaje para permitir a Lázaro Antonio Báez, organizador de la asociación ilícita y beneficiario de los fondos, disponer libremente de ese dinero”, escribió el fiscal.

A Báez no se lo acusa en esta causa, porque la ley vigente al momento de los hechos no castigaba el autolavado, es decir el lavado de dinero del delito en el que el mismo autor participó.

Para el fiscal, Báez y Clarens reciclaron una porción importante de los fondos públicos sustraídos fraudulentamente al Estado Nacional a través de la obra pública vial. Esos fondos provienen de las 51 obras por las que está siendo juzgado Báez con Cristina Kirchner.

Allí la hipótesis fiscal es que entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, se instrumentó un esquema de corrupción mediante el cual los funcionarios con competencia en materia de obra pública vial -presidente, ministro, secretario, subsecretario- lograron que una importantísima cantidad de fondos públicos fueran asignados a la Dirección Nacional de Vialidad, para que desde allí fuesen destinados a Santa Cruz, en donde, con la intervención de la agencia vial provincial, fueron irregularmente adjudicados a las empresas de Báez.

Así recibieron prácticamente el 80% de las obras financiadas por el Estado Nacional en esa jurisdicción -51 contratos-, por un monto total que, actualizado a agosto de 2016, alcanzaba los 46.000 millones de pesos, unos 3000 millones de dólares. Esas obras con sobreprecios no fueron culminadas en su mayoría.

Entre 2005 y 2009, según la acusación, Báez recibió fondos públicos por más 2800 millones de pesos producto de obras públicas asignadas, ejecutadas y pagadas en forma ilegítima. Ahora se pretende juzgar a Clarens y a los otros 12 acusados por “la maniobra criminal implementada entre 2005 y 2009 por medio de la cual se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero con el fin de otorgarle apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”.

Esta hecho de lavado es diferente a aquel por el que Báez ya fue condenado en la ruta del dinero K. Aquellos hechos se desarrollaron entre 2010 y 2013, y se relacionaban con 60 millones de dólares que provenían en parte, del mismo fraude al Estado Nacional con la obra pública vial en Santa Cruz y en parte del fraude fiscal.

Ahora se pretende juzgar a Clarens porque supuestamente realizó de manera ficticia sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a dotar de apariencia lícita a más de 500 millones de pesos -160 millones de dólares aproximadamente- y convertirlos a dinero en efectivo.

El primer paso del proceso de lavado de activos consistió en enviar al menos 790 millones de pesos desde Austral Construcciones (fondos que provenían de las obras santacruceñas) a la firma Gotti SA, administrada por Báez. Así Austral desvió a Gotti poco más de un cuarto de sus ingresos.

De este modo se pusieron los fondos a disposición de Clarens, que controlaba la firma Invernes y que tenía delegado el manejo financiero de Gotti. Y, al mismo tiempo, se separaba ese dinero de Austral.

El fiscal sostuvo que el segundo paso del mecanismo de lavado consistió en conseguir la salida contable de los fondos hacia afuera del grupo Báez, a través de la simulación de costos inexistentes que aparentaron tratarse de operaciones vinculadas a los gastos comunes que demandaban las obras públicas a cargo de Gotti. Así se recurrió a 8325 facturas provenientes de 65 proveedores, por unos 677 millones de pesos, todos ellos destinados a cubrir “costos” (bienes y servicios) ficticios.

Una vez obtenida la salida contable de los fondos hacia empresas ajenas al grupo Báez, el tercer paso de la maniobra consistió en canjear cheques librados en función de esas facturas truchas en compañías financieras (la principal de ellas es Coficred, controlada por Clarens), lo que posibilitó interponer otro paso más en el distanciamiento de los fondos y convertirlos en efectivo, dificultando su trazabilidad”.

Por ejemplo, en el caso de los 80 cheques descontados por Coficred, por unos 67 millones de dólares, fueron extraídos en efectivo por ventanilla en el Banco Macro, de la cuenta de la financiera, según la acusación fiscal.

Ello, según el fiscal, ocurrió entre enero de 2005 (cuando se produjo la primera transferencia de fondos de Austral a Gotti) y diciembre de 2009 (cuando fue descontado el último cheque librado por Invernes).

Así, para la fiscalía, Austral tuvo ingresos entre 2005 y 2009 de 2866 millones de pesos provenientes del supuesto fraude al Estado con la obra pública. En ese lapso canalizó al menos 790 millones de pesos hacia Gotti SA. Esta empresa invirtió en facturas truchas por 677 millones de pesos y que, tras la búsqueda y recolección de los cheques con los que Gotti pagó esas facturas, se detectaron cheques por 504 millones de pesos que fueron convertidos en efectivo recurriendo a financieras. Gran parte de ellos, unos 203 millones de pesos, la conversión en billetes se realizó través de la financiera Coficred, de Clarens

El escrito de 140 carillas donde el fiscal pidió la elevación a juicio detalla las operaciones, discriminadas por proveedor y aclarando en cada caso los fondos canalizados a través de facturación apócrifa y aquellos vehiculizados mediante cheques canjeados por dinero en efectivo.

Fuente: Diario La Nación