Este lunes se llevó adelante una charla de capacitación de la ley RENNyA (27.452), destinada a jueces y juezas del fuero Penal y de Familia; funcionarios y funcionarias de los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa, además del personal del Poder Judicial santacruceño.

La misma contó con la participación de 190 personas y abordó la reparación económica para niños, niñas y adolescentes cuyas madres, progenitores o progenitoras y progenitores afines hayan sido víctimas de femicidios u homicidios derivados de violencia de género o violencia intrafamiliar.

Mediante el decreto reglamentario 871/2018, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), que es el organismo de aplicación, creó una Comisión Permanente de Seguimiento (CoPeSe) que se encarga del monitoreo y control del Régimen de Reparación Económica; integrada por representantes de la Sennaf, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Por ello, a cargo de la charla estuvieron Andrea Solis – a cargo de la Coordinación Géneros y Diversidad en la Dirección Gral. Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género de ANSES, Natalia Chinetti - Directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual de la Subsecretarua de Programas Especiales de la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación y, por la Senaf, Aldana Arias, coordinadora del Programa Nacional de Reparación Económica, junto a Alejandra Shanahan, directora Nacional de Promoción y Protección Integral de la Subsecretaria de Derechos de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

En tanto que, en el primer piso del Tribunal Superior estuvieron la Coordinadora de la Oficina de Género, Sabrina Granero- impulsora de la convocatoria- junto a las referentes locales de los organismos antes mencionados: Abigail Mazú, coordinadora provincial del Programa Acercar Derechos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Carolina Bark, responsable de la Unidad Coordinadora de Gestión Operativa y técnica de la Jefatura Regional Sur2, y Luciano Achetoni, subsecretario de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, junto a la directora de Asistencia Inmediata, Griselda López, ambos del Ministerio de Desarrollo de Santa Cruz.

La intervención del Poder Judicial en la tramitación del beneficio a hijos, hijas e hijes de personas víctimas de femicidios o muertes por razones de violencia familiar surge con obligatoriedad de presentar documentos tales como copia del auto procesamiento o sentencias de condena firme, original y copia del Testimonio o de la Sentencia o del Certificado de Guarda/Tutela/Adopción/Curatela expedido por autoridad judicial.

Vale recordar que este tipo de charlas y cursos forman parte de la Escuela de capacitación del Poder Judicial, coordinada por el vocal Enrique Peretti, que la semana pasada comenzó el año con una formación intensiva en Mediación en Familia.