La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), a cargo de Carlos Rolero Santurian, inició la investigación a raíz de denuncias de vecinos que manifestaron que el lugar funcionaba como criadero y que los perros eran mantenidos en "pésimas" condiciones higiénicas y ambientales, sin agua ni alimento suficiente.

Asimismo, por medio de la investigación la Ufema detectó que el lugar contaba con clausuras administrativas vigentes, desde el 10 de Junio de 2020, impuestas por la Dirección General de Fiscalización y Control, por el funcionamiento de un criadero ilegal de animales, y por graves afectaciones a las condiciones de seguridad por situaciones estructurales riesgosas, "que ponen en riesgo no solo a los animales sino también a las propiedades linderas y la gente que transita por el lugar", precisaron desde el organismo judicial.

En tanto, los médicos veterinarios de la Agencia de Protección Animal (APRA) y de la División Canes de Policía de la Ciudad, comprobaron además que los animales se encontraban con condiciones corporales deficitarias.

Estos hechos de maltrato y crueldad se enmarcan en la Ley 14.346 en el art. 2 inciso 1, por falta de alimento y agua en calidad y cantidad suficiente, y en el art. 3 inciso 7, por provocar un sufrimiento innecesario causado por el abandono en condiciones edilicias inadecuadas con riesgo de derrumbe y con dos clausuras del GCBA vigentes, tornándolas inadecuadas para su habitabilidad, detallaron.

Fuente: Télam