La polémica se desató en el área de educación especial del Consejo Provincial de Educación (CPE), a raíz de la designación de un nuevo director en la Escuela Especial N° 13 de Caleta Olivia, "Salvador Gaviota". Tal como lo demanda su tarea, la supervisión de nivel para la zona norte realizó el ofrecimiento de cargo y su respectiva designación.

Sin embargo, según detallaron las referentes zonales, desde la dirección general de nivel - en Río Gallegos - se dio marcha atrás con esa designación y se colocó en el cargo a otra persona. Por ello, la semana pasada las supervisoras Iris Rasgido e Irene Morales señalaron la naturaleza irregular de tal medida. "Se hizo algo que no corresponde porque no se ajusta a la normativa ni al listado por orden de mérito", apuntaron en diálogo con ElCaletense.net y el programa radial Más de lo Mismo.

Pero no quedó todo allí. Días más tarde, las profesoras recibieron una notificación que les informaba de una "readecuación de la zona". A partir de ese momento, su ámbito de acción quedó limitado. A una de ellas le dejaron bajo su órbita las escuelas especiales de tres localidades, quitándole las de las ciudades más grandes; mientras que a la otra le quitaron todas, a dos días de iniciar su licencia para jubilarse.

En este contexto, este jueves la profesora Rasgido explicó que hasta ahora "se avanzó con el recurso administrativo que presentó la docente afectada" - que había sido designada directora de la escuela y perdió el cargo tras la nueva designación en manos de la Dirección General de nivel -. "Presentar un recurso es lo que corresponde realizar en el procedimiento administrativo en educación", acotó.

Pero en este punto, agregó que la problemática del ofrecimiento también género "otro tipo de dificultades, como por ejemplo situaciones de violencia que se vivieron en el ámbito en donde cumplimos nuestra función".

La declaración llamó la atención por la gravedad de la denuncia. Por ello, y ante la consulta, detalló que ambas estaban trabajando en la oficina cuando "ingresó con un portazo una persona que depende del Consejo Provincial de Educación. Fue toda una situación de violencia, avalada por las autoridades de educación", resaltó.

Dijo también que quien entró a su lugar de trabajo de esa manera fue la encargada de cooperadoras escolares. "La señora Ema Burgos ingresó increpando con situaciones que nada tienen que ver con nosotras. Después, obviamente se llamó a los responsables y quedó en evidencia la acción violenta sin ningún fundamento. Esto es una acción más de las que vivimos diariamente. Lamentablemente estamos en un momento donde hay una gestión de violencia que se manifiesta de diferentes formas".

Además, aclaró que "esto pasó el día miércoles de la semana pasada y fue una situación que se dio porque nosotros visibilizamos la situación de retrotraer un ofrecimiento en un acto que no corresponde".

Sobre la forma legal de realizar una oferta de cargo directivo, expresaron que en esa oportunidad se realizó "todo en el marco de la normativa. Si alguien se sentía perjudicado debería haber presentado un recurso, como ahora lo hizo la profesora damnificada por la acción de retrotraer el acto".

"Es una acción más de violencia y lo peor de todo es que estas acciones están avaladas por las autoridades, porque fue en nuestro lugar de trabajo en dónde hay un director regional y una coordinadora pedagógica".

Limitar funciones

Tras los hechos denunciados, las supervisoras recibieron una nota de firmada por su superior directa, la Directora General de Educación Especial profesora Graciela Flores. En la misiva, les informaron que "se hace una redistribución de la zona. En la misma me sacan escuelas que yo tenía a mi cargo. Y a la profesora Irene, que estaba hasta el lunes porque después iniciaba su licencia para jubilarse, ese mismo día la desafectaron sacándole todas las escuelas", describió Rasgido.

Las instituciones quedaron así, "directamente bajo la Dirección General de Educación Especial en Gallegos". Por ello, el reclamo de las supervisoras locales, en particular Rasgido que sería la más afectada, "es que no dejen desarrollar el trabajo que me compete por el cargo que tengo. Es muy grave que una autoridad me diga que no puedo realizar mi trabajo, sin ningún instrumento legal".

En suma, la situación lejos de mejorar empeoró. Según las afectadas, la actitud de su superiora directa solo se basaría en supuestas “órdenes” de la presidenta del Consejo, María Cecilia Velázquez. "Es una barbaridad", recalcaron.

Otras designaciones "a dedo"

Las profesoras agregaron finalmente que algo similar está sucediendo con las designaciones de supervisores. Cuestionaron la designación del supervisor de educación especial zona centro y sur; acerca de la cual– dijeron – "también los directivos de escuelas especiales piden explicaciones, porque no se respetó el listado de orden de mérito que está integrado por los directores de escuelas". Y confirmaron que el ofrecimiento de cargo, "que debe respetar la normativa y el orden del listado", nunca habría llegado a las personas en condiciones de asumir la función antes que quien resulto designada.

Los directores pidieron por nota las explicaciones del caso (ver foto).