La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reclama ahora a la empresa Austral Construcciones SA cerca de $300 millones por diferencias detectadas en la liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La presentación oficial es resultado de una investigación administrativa que se extendió por varios años y sostiene que la empresa de Lázaro Báez, detenido hoy con prisión domiciliaria, computó crédito carente de documentación respaldatoria, usó facturación apócrifa, computó retenciones en exceso y realizó operaciones simuladas.

En el expediente de la quiebra de la empresa Austral Construcciones que lleva adelante la jueza en lo comercial María José Gigy Traynor, la AFIP solicitó a la Sindicatura, que verifique la deuda generada en diferentes períodos fiscales entre los años 2015 a 2018, por impagos o por mal calculados. La deuda alcanza los $296.643.093,18 e involucra a seis personas o sociedades donde la agencia recaudadora demostró que las operaciones fueron inconsistentes: una de las firmas es del propio Báez, otra pertenece a un funcionario provincial y dos estuvieron involucradas en causas penales por emitir facturas apócrifas.

El escrito de 33 carillas que la AFIP presentó en los Tribunales marcó un duro revés para Báez, quien ya arrastra una condena por lavado de activos y afronta otras investigaciones penales. Entre otros motivos, porque el organismo que lidera Mercedes Marcó del Pont afirmó que el presunto testaferro de la familia Kirchner falseó sus balances y simuló operaciones por cientos de millones de pesos.

Son deudas de larga data. Lo que ahora la AFIP reclama son las diferencias detectadas en el IVA en los períodos fiscales 01/2015 a 08/2015, provenientes de computar crédito fiscal carente de documentación respaldatoria, de la utilización de facturación apócrifa, del uso indebido del beneficio del Decreto 814/01, el cómputo de retenciones en exceso y la falta de presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 09/2015 a 06/2018.

Desde la AFIP aclaran que Austral Construcciones SA no hizo uso de su derecho a defensa, y pese a haber sido notificada por ley, no respondió en Río Gallegos, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni entregó las pruebas físicas o digitales en relación con la deuda reclamada en las actuaciones administrativas iniciadas en 2018. Y aclaran que al 14 de marzo de 2022, la constructora de Báez, no efectuó presentación de declaraciones juradas, ni adhirió a un plan de facilidades de pago, en relación al impuesto y períodos reclamado.

Según surge de la presentación de la AFIP-DGI a la que accedió LA NACION, el caso más notorio por la deuda de impuestos es el generado entre Austral Construcciones y Austral Agro SA, una sociedad en la que Báez y su hijo Martín - hoy detenido - son los principales accionistas y fue creada para realizar actividad ganadera. A través de ella se adquirieron varias estancias en Santa Cruz. El organismo estatal afirma que los alquileres de inmuebles facturados por Austral Agro a Austral Construcciones, sencillamente "no existen".

Para el organismo las operaciones facturadas entre las dos empresas de los Báez "no se corresponden con prestaciones reales, sino que constituyen solamente un medio de traslación de fondos, de una firma a la otra, necesarios para hacer frente a una actividad comercial incipiente y por tanto deficitaria, y a los importantes incrementos patrimoniales de Austral Agro SA, producidos para cada año fiscalizado, reflejados en su mayor parte, por la adquisición de todas las estancias analizadas".

El organismo determinó que Austral Construcciones resultó ser el principal cliente de Austral Agro SA contemplando la facturación entre el 50% al 75% de lo facturado, en concepto de alquileres y arrendamientos y según la evaluación fiscal, sin esos montos, la actividad de la firma Austral Agro habría arrojado quebrantos aún más pronunciados. La AFIP concluye que, en base al relevamiento realizado en la empresa "no existe a criterio de mi representada (…) un bien físico susceptible de haber sido alquilado a Austral Construcciones SA, necesario para la obtención de ganancias gravadas". Es decir, no encontraron ni inmuebles urbanos, ni maquinarias que podrían haber sido realmente alquiladas a la constructora.

Así, de la investigación producida por la AFIP DGI, se concluye que las operaciones facturadas por Austral Agro a Austral Construcciones no se corresponden con prestaciones reales, "sino que constituyen solamente un medio de traslación de fondos, de una firma a la otra, necesarios para hacer frente a una actividad comercial incipiente y por tanto deficitaria, y a los importantes incrementos patrimoniales de Austral Agro S.A., producidos para cada año fiscalizado, reflejados en su mayor parte, por la adquisición de todas las estancias analizadas".

La AFIP reflejó que las estancias adquiridas por Austral Agro SA insumieron fondos muy superiores a los generados por la propia rentabilidad de la firma, a través del desarrollo de su actividad agropecuaria lanera y sostiene que los fondos que se proveyó a través de la facturación a Austral Construcciones por alquileres muy relevantes, se trata de "una simulación sobre una real transferencia de fondos a otra persona jurídica".

La otra facturación cuestionada por la AFIP se trata una empresa con sede en Caleta Olivia que le proveía servicios de viandas a los operarios de Austral Construcciones en esa localidad. En este caso se determinó que pese a haber realizado una facturación por más de $9 millones, se trataba de una empresa sin capacidad económica para sostener actividades, y que no exhibió la documentación solicitada. La actividad de la empresa concluyó en 2015. En diciembre de ese año, con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, Austral Construcciones cerró su actividad en la provincia y quedaron centenares de obreros en la calle y obras sin concluir.

De los dos lados del mostrador

También se cuestionó la facturación presentada Héctor René Jesús Garro. ¿Quién es? un exfuncionario santacruceño que estuvo de ambos lados del mostrador. Fue presidente de Vialidad de Santa Cruz, pero inmediatamente después de dejar su cargo público empezó a prestar servicios para Austral. Garro se encuentra procesado dentro de la causa de la Obra Pública en Santa Cruz.

El exfuncionario tenía una empresa de transporte automotor de cargas y alquiler de maquinarias, que según la AFIP le emitió por este rubro a Austral Construcciones y registra pago de Austral hasta 2015. Le solicitaron información del contrato con la empresa de Báez, y documentación respaldatoria, pero nunca entregó documentación.

Las otras facturas que fueron observadas por la AFIP se trata de las emitidas por Constructora Patagónica Argentina SA sobre la cual determinaron facturación apócrifa en proporción relevante durante los años 2010 y 2011, crédito fiscal sin respaldo entre 2012 y 2015 y una capitalización inusual de la fiscalizada a partir de 2012. Se trata de una de las firmas involucradas en la trama delictiva vinculada a Lázaro Báez en Bahía Blanca, donde el juez federal Walter López Da Silva procesó a empresarios locales como parte de una asociación ilícita fiscal que evadió cientos de millones de pesos en perjuicio del fisco nacional y en beneficio de Báez.

Las dos firmas restantes se trata de dos empresas dedicadas a prestar servicios de publicidad y servicios empresariales que realizaron emisión de facturas pero no tienen información registrada en el sistema fiscal que tampoco pudieron ser localizados sus titulares para ser notificados.

La Nación.