La serie de modificaciones en la Ley Provincial N° 3.595, sancionada el 18 de mayo del año 2018, establecen la inscripción de las personas que hayan sido condenadas con sentencia judicial firme por causales de violencia de género o por infracciones a las leyes de violencia familiar o contra las mujeres; quienes hayan incumplido las medidas cautelares ordenadas en un proceso judicial y a quienes hayan incumplido tratamientos terapéuticos.

Por otro lado, se inhabilita a los inscriptos en el marco de la ley a asumir en algún cargo o ingresar en la planta de personal, de alguno de los Poderes del Estado Provincial; ser transferido a otras administraciones de carácter público, entes descentralizados y empresas u organismos del Estado nacional o municipal, participar como candidato en procesos para la elección de cargos públicos de orden provincial o municipal, recibir acuerdo legislativo para ocupar cargos públicos que lo requieran, por la Constitución Provincial o las leyes que lo requieran; recibir quitas, condonaciones o financiamiento especial de deudas por impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro compromiso con el erario público provincial y ser titulares de habilitaciones, concesiones, licencias, permisos o carné de cualquier tipo, que sean extendidos por autoridades provinciales.

Asimismo, se crea el Fondo Provincial de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género y Familia en el ámbito de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo financiamiento se sustentará con los fondos provenientes de las partidas que disponga el Estado Provincial.

El proyecto que tomó estado parlamentario el 15 de septiembre del año pasado y que fuera trabajado arduamente en las distintas comisiones indica en los fundamentos por su autor Juan Manuel Miñones, diputado por el Pueblo de El Calafate, Tres Lagos y El Chaltén “la vasta estructura normativa mediante la cual nuestro país se compromete con la temática de género en sus distintos niveles, de promoción de derechos, de prevención, de protección integral y de erradicación de la violencia de género, requiere de la articulación de cada estamento estatal en todas sus órbitas y el compromiso concreto por parte de los funcionarios y funcionarias en sus respectivas competencias y labores” en pos de robustecerlas integralmente.