Alicia estuvo acompañada de lxs ministrxs de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Teodoro Camino; secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez; y de Economía, Ignacio Perincioli.

Estuvo acompañada, además, de lxs secretarixs de Estado de Gestión Pública, Julia Ruiz, Julia Ruiz; de Legal y Técnica, Sergio Sepúlveda; y de Gobierno e Interior, Marcio Domínguez.

De manera virtual participaron integrantes de la CGT y CTA con quienes abordó los argumentos del pedido de juicio político a integrantes de la Corte Suprema.

La gobernadora señaló al respecto: “Antes de llegar a esta medida, en febrero del año pasado, presentamos por primera vez el ‘amicus curiae’ y después, en diciembre. Esto es darnos la oportunidad de mostrar porqué es importante que escuchen a las provincias antes de tomar decisión con respecto a la Ciudad de Buenos Aires”.

Alicia reiteró que, en dos oportunidades, la provincia buscó ser escuchada. “No fuimos directo a presentar un juicio y, sin embargo, en casi un año nos ignoraron, algo que les pasó a otras provincias, por lo cual no nos quedó otra medida de presentar directamente el juicio a los integrantes, pero antes pedimos ser escuchados, esto muestra el ánimo nuestro de buscar la viabilidad del diálogo, buscando la mejor manera de encontrar el camino para las soluciones”.

La primera mandataria señaló que este escenario llevó a tomar la determinación: “Estamos muy preocupados porque la excusa es que los fondos que se tocan son nacionales, no provinciales, lo cierto es que nosotros por copartipación recibimos los fondos acorde a la ley, pero también recibimos planes de vivienda, de salud, de seguridad, planes que tienen que ver con el ENOHSA, redes de agua, luz, gas, edificios públicos, esos son los fondos nacionales, significa que esos fondos que llegaban a las provincias, no van a llegar a las provincias”.

Seguidamente, indicó que, “como representante de nuestro gobierno, tenía la obligación de pedir que nos escuchen, lo intentamos hacer a través de lo que nos da la constitución, realmente es un golpe muy fuerte”.

Alicia sostuvo, para cerrar, que “son todas preguntas e interrogantes que evidentemente responden a una mirada, a la de la política del centralismo porteño”.

En detalle

La diferencia entre lo vigente y lo que ordena la corte es de aproximadamente $ 180.000 millones adicionales al costo de $90.000 millones (+ el 1,4% Coparticipable); es decir en total serían $ 270.000 mm por encima del 1,4%.

Esos recursos excedentes que la Nación debe, según la cautelar de la Corte, otorgar a la CABA significan menos obras en las provincias y municipios.

Para dimensionar $ 270.000 MM equivalen a:

27 obras, como el acueducto y planta de agua potable de Rio Gallegos.

14800 viviendas de Casa Propia.

13,5 nóminas salariales de nuestra provincial.