La vocal en el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, Yanina Gribaudo, ha denunciado que "el gobierno de Alicia Kirchner ha tomado decisiones que impedirán los controles e intervenciones en los gastos del gobierno". Según Gribaudo, "los cambios en las leyes están diseñados para reducir la capacidad operativa del Tribunal de Cuentas y suprimir los mecanismos de control del Estado. Esto incluye la supresión de la intervención previa al pago, la observación legal y la auditoría de cuentas especiales".

El abogado Javier Stoessel destacó que "Santa Cruz ha sido históricamente deficiente en sus mecanismos de control público, pero que estas últimas decisiones representan un paso más en la dirección equivocada. La supresión de la intervención previa al pago significa que todos los pagos se realizarán sin la intervención del Tribunal de Cuentas, independientemente del monto o tipo de trámite. La supresión de la observación legal dejará al Tribunal de Cuentas sin la competencia para detener la ejecución de actos administrativos nulos que puedan causar perjuicio al Erario Público. El cierre de la auditoría de cuentas especiales significa que el control de los hospitales de la provincia se verá reducido".

Stoessel explicó que "la nueva Ley de Administración Financiera fue la causa de los cambios en las leyes, pero que había una alternativa obvia de transformar la auditoría de cuentas especiales en una auditoría del Ministerio de Salud y Hospitales en lugar de suprimir la estructura y reducir el control". También destacó que "estas medidas privan al Tribunal de Cuentas de herramientas esenciales para el control público, lo que podría resultar en la falta de responsabilidad en el futuro".