La FRSC considera lo sucedido como una violación a la Ley de Educación Superior N° 24.521 y la autonomía universitaria.

Es por esto que adhiere al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, reafirmando su compromiso con la educación pública en general y las universidades argentinas en particular, entendiendo que se trata de un bien público y social que el Estado debe garantizar, bajo el cumplimiento estricto de las normas y el respeto por la autonomía universitaria, lo que exigimos a las autoridades competentes.

"La irrupción ilegal, anticonstitucional y antidemocrática por parte del Gobierno de Jujuy, que vulnera los derechos y garantías de las Universidades Nacionales y de la ciudadanía en general", aseguraron en el artículo N°2 de la resolución.