La transición energética es un compromiso global que hoy se vuelve más urgente, en el marco de las crisis energéticas que se han vivido en los últimos años, por diversas circunstancias. Migrar hacia fuentes limpias y sustentables de energía ayuda a reducir las consecuencias del cambio climático y permite una diversificación de la matriz energética que fortalece el desarrollo económico, al tiempo que mejora la calidad de vida de los seres humanos.

No sólo eso. Para exigir el cumplimiento de los compromisos de descarbonización, hay países que estudian la aplicación de barreras para-arancelarias relacionadas con la huella de carbono, exigiendo certificados ambientales para autorizar el mercado internacional.

Argentina, por su diversidad en fuentes de energía, tiene una oportunidad única de ser un actor importante en este proceso. En 2015, buscando liderar esta transición, el país se fijó la meta de obtener 20% de su energía desde fuentes renovables para 2025, y luego amplió ese objetivo a 30% para 2030. Sancionó para ello la Ley 27.191.

En 2023 la demanda energética fue aprovisionada por las renovables en casi un 15%. De ahí que para lograr la meta de 2030 será necesario, como mínimo, duplicar esa generación, alcanzando no menos de 10 GW de capacidad de generación a partir de la renovables.

La ley vigente caduca el próximo año, por lo que discutir una nueva es urgente para el sector. Desde 2023, la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) trabaja en un texto legislativo. Cuenta con apoyo de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica (Ateerea), la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), entre otros.

Un dato sustancial es que se sumaron a dar su aporte a esta iniciativa organizaciones como la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME).

El proyecto, en enero de este año, le fue presentado a la ahora exsecretaria de Minería, Flavia Royón, en el afán de consensuar conceptos que unen a la minería y a las renovables en el marco de la transición. En aquella reunión se puso sobre la mesa la necesidad de tener presentes los compromisos de la agenda 2030 y 2050 de descarbonización, a los que adhirió Argentina.

La "Propuesta legislativa integral para la Transición Energética en Argentina y su aprovechamiento como oportunidad de desarrollo", que será acercada a los bloques parlamentarios del Congreso, engloba el desarrollo de todo el sector productivo hacia una matriz más limpia y sustentable, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Argentina para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Plantea elaborar una estrategia de largo plazo con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono hacia 2050 y trabajar en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Además fomenta el desarrollo de clústeres de energías renovables, propiciando el potencial de las economías regionales; estimular la investigación; crear conocimiento de nuevas tecnologías renovables, y diseñar un plan de reconversión de la fuerza de trabajo del sector energético convencional. Esto tiene un doble objetivo: mayor equidad social y disminuir la resistencia al proceso de transición.

Las cámaras entienden que la planificación en manos del Estado es vital para lograr una hoja de ruta que asegure las inversiones privadas, a partir de sentar las bases del proceso de transición energética, y de esa manera facilitar el acceso a las fuentes de financiamiento que existen en el mundo para este tipo de emprendimientos. Así podrían anticiparse a una futura aplicación de barreras ambientales en el mundo, que podrían complicar el comercio internacional del país.


Fuente: La Opinión Austral