Euros, dólares, cogollos, pipas, paquetes de lillos y 120 plantas de marihuana fueron incautadas tras una serie de allanamientos que se realizaron en la localidad de El Chaltén. Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía Federal de Río Gallegos y la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de El Calafate.

De este modo, se logró desmantelar un significativo cultivo ilegal de marihuana. Los allanamientos fueron llevados a cabo en tres domicilios de la ciudad, ubicados dos de ellos en calle Arrua al 200 y 400, y el tercero en Molina Rojo al 100, y revelaron la existencia de un invernadero clandestino con 120 plantas de cannabis sativa destinadas a la comercialización ilegal.

Los implicados, amparándose en permisos otorgados por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), intentaron justificar la posesión y venta de marihuana bajo la apariencia de investigación y uso medicinal. Sin embargo, según la fiscalía, estas acciones contravenían la normativa del INASE, que únicamente autoriza el cultivo para la obtención de nuevas variedades de cannabis sativa, con procedimientos específicos que no fueron seguidos por los acusados.

Resultó particularmente sospechoso que el cultivo ilegal de encontraba ubicado en las inmediaciones de un local comercial dedicado a la venta de productos relacionados con el cannabis sativa, lo que sugiere una clara intención de evadir la ley nacional de estupefacientes.

Por consiguiente, el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del juez federal Marcelo Vázquez, ordenó el allanamiento del mencionado local comercial y de los domicilios de los implicados, con el fin de incautar las plantas de cannabis sativa y cualquier otro elemento relacionado con la investigación.

Cabe destacar que la causa se inició en abril de 2023, tras el descubrimiento de un paquete con productos de cannabis sativa en una empresa de paquetería, vinculado a un local comercial. A pesar de que los acusados presentaron documentación que supuestamente los autorizaba a cultivar marihuana, la investigación demostró que esta autorización no incluía la comercialización de productos derivados del cannabis.

El análisis de los teléfonos celulares confiscados reveló mensajes que evidenciaban la intención de comercializar la droga, lo que llevó a la orden de registro domiciliario y confiscación de evidencias. Entre los elementos incautados se encuentran dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, material de cultivo, y diversas cantidades de marihuana y sus derivados.