A pesar de que el agresor violó la perimetral y eludió la custodia asignada a la docente, la justicia lo dejó en libertad. La situación se torna crítica, exponiendo a la víctima a un riesgo inminente mientras las autoridades judiciales y policiales harían oídos sordos.

Este caso revive el temor de un posible femicidio, recordando trágicos episodios como el de Jesica Minaglia. La falta de acción y protección por parte de las autoridades podría derivar en una tragedia similar, sumándose a la lista de mujeres que esperan justicia en diversas localidades como Liseth (Gobernador Gregores), Zulma (Puerto San Julián), Soledad (El Calafate), Gimena (Las Heras), y Marcela (Río Gallegos).

En este momento, la víctima y su familia viven ocultas, sumidas en el miedo, una realidad que debería ser invertida. Mientras tanto, el agresor, reincidente en este intento de femicidio, apenas fijó domicilio y fue liberado en cuestión de horas.

En un comunicado de ADOSAC se expresaron: "Es imperativo que la justicia actúe de manera inmediata. La jueza a cargo debe intervenir cumpliendo las leyes y garantizando la seguridad de la víctima. La comunidad se hace responsable por la vida y bienestar de la docente afectada, responsabilizando directamente a las autoridades judiciales y policiales por cualquier desenlace fatal que pudiera ocurrir."

Este caso reafirma la necesidad de erradicar la violencia de género y exige un accionar urgente de las autoridades para prevenir nuevas tragedias.