El gremio de los profesionales de la salud, se refirió a la “medida autoritaria” del Consejo Provincial de Educación quien separó de sus tareas a dos docentes con funciones gremiales, por vertir un reclamo objetivo y valedero, ante las autoridades en el acto público de ofrecimiento de cargos del pasado 1 de marzo de 2019.

Luego de conocerse la “decisión arbitraria y antidemocrática” del Concejo Provincial de Educación de Santa Cruz, APROSA se solidariza con las docentes “María Ávila” y “Pamela Paredes”, quienes en su deber sindical hicieron un reclamo institucional a las autoridades de ese organismo en el ofrecimiento de cargos, por recibir una sanción que no goza de ningún fundamento legal, carente de valor y propia de una práctica coercitiva alejada del carácter constitucional que un gobierno democrático debe hacer valer.

Recordemos que estas trabajadoras son miembros de ADOSAC y gozan de la tutela sindical por su posición en la estructura orgánica de este gremio, por lo que están completamente facultadas para cumplir con su función de peticionar y reclamar ante algún ejercicio que vaya en contra de los derechos laborales sus compañeros.

En tal sentido para APROSA, “esta sanción inédita marca un nuevo retroceso institucional del gobierno de Santa Cruz”, ya que las docentes afectadas por ser miembros de comisión directiva de ADOSAC tienen cobertura sindical y están amparadas por ley. Por ello, se considera una “sanción injusta y fuera de contexto” que deberá ser retrotraída a la brevedad por las autoridades que, una vez más, han atropellado la libertad sindical buscando silenciar las reivindicaciones laborales.

Por último, APROSA pide, reflexión al gobierno de Santa Cruz y que recapacite ante lo sucedido, entendiendo que la actividad gremial busca proteger a los trabajadores de las inequidades e injusticias, y no ser foco de medidas que buscan romper la paz institucional.