En el vasto océano de la economía global, a menudo surgen historias que, en su superficie, parecen simples transacciones comerciales, pero que al ser examinadas de cerca, revelan un entramado de engaños e ilegalidades. Tal es el caso de Red Chamber Argentina (RCA) y los 5 permisos de flota amarilla que se le otorgaron cuando en 2014 recibió Alpesca en alquiler, un negocio multimillonario que ha logrado camuflar sus verdaderas intenciones bajo el manto de la legalidad.

Es evidente que la compañía de capitales estadounidenses recibió dichas licencias de pesca con la promesa de reimpulsar, en un tiempo prudente, una planta paralizada, reparar barcos congeladores inactivos y reincorporar a la totalidad de trabajadores desempleados. Sin embargo, lo que ha ocurrido dista mucho de esa noble visión. En lugar de invertir en flota y personal, la empresa optó por una ruta más lucrativa pero igualmente cuestionable: el montaje de un negocio financiero disfrazado de actividad pesquera.

La estrategia de RCA todo este tiempo fue clara: alquilar los permisos presuntamente “arrendados” al Estado provincial a barcos costeros con asiento en otras jurisdicciones, principalmente Mar del Plata, en lugar de invertir en buques propios que coincidan con el estrato de flota. Este enfoque le permite reducir costos operativos y evitar compromisos financieros a largo plazo. Otros puntos llamativo son los acuerdos, presuntamente “deshonestos” hacia los propietarios de las embarcaciones que habitualmente contrata.

De acuerdo a lo indicado por conocedores de la actividad portuaria, de cada 100 mil cajones de langostino que un barco contratado por Red Chamber lleva a Puerto Rawson durante una temporada provincial, 25 mil son descontados al titular del buque y nunca se le pagan. Una práctica flagrante de abuso financiero que no es desconocida en el sector.

Si extrapolamos este comportamiento a los 5 barcos contratados por RCA, nos enfrentamos a una situación aún más alarmante. Si en conjunto totalizan 500 mil cajones de marisco desembarcados en temporada, el equivalente a 125 mil cajones se retiene a los propietarios de las embarcaciones. Esta cifra representa no solo una pérdida económica significativa que no se traduce en renovación de flota costera o generación de nuevos puestos de trabajo, sino también un golpe para la integridad del sector pesquero en su conjunto.

En la industria hay quienes plantean la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo el otorgamiento de dichas licencias provinciales, como así también las prácticas empresariales mencionadas y tomen medidas adecuadas para garantizar la transparencia y la equidad en la industria pesquera. “No se puede permitir que se aprovechen de los recursos naturales y de las personas para su propio beneficio sin escrúpulos”.