La nueva Ley Bases propuesta por el gobierno de Javier Milei marca un cambio fundamental en la política petrolera del país, priorizando la rentabilidad empresarial sobre el autoabastecimiento. Aunque cuenta con apoyo entre las provincias petroleras y las grandes compañías, genera preocupación en la industria nacional.

La reforma busca liberalizar el mercado del oil & gas, especialmente en el contexto del auge de Vaca Muerta como exportador. Introduce el controvertido Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), respaldado por grandes empresas pero cuestionado por proveedores y empresas locales.

Una de las principales modificaciones es la eliminación del enfoque en el autoabastecimiento, dando lugar a la fijación de precios según el mercado internacional y la maximización de la renta empresarial. Sin embargo, se establecen ciertos límites para garantizar la seguridad del suministro interno.

La reforma también actualiza la Ley de Hidrocarburos para adaptarla a la abundancia de recursos, con miras a convertir a Argentina en un jugador global en la exportación de petróleo y gas. Sin embargo, se han planteado preocupaciones sobre la desregulación y su impacto en la industria nacional.

El RIGI, en particular, ha generado controversia por su orientación hacia grandes inversiones extranjeras y su potencial impacto negativo en proveedores y empresas regionales. Las discusiones continúan sobre cómo equilibrar el impulso hacia la inversión extranjera con la protección de la industria nacional y el desarrollo regional.