El Gobierno de Santa Cruz presentó en la Cámara de Diputados el Informe de Gestión de la Administración Central, organismos centralizados y descentralizados y Sociedades del Estado. La presentación del Ejecutivo Provincial se llevó en el marco de una sesión extraordinaria correspondiente al 51° Periodo Legislativo.

En este sentido, el programa radial Más de lo Mismo buscó la palabra de la diputada provincial Agostina Mora. Lo primero que destacó es la celebración que implica la continuidad de este tipo de exposiciones que se realizó por última vez en el año 2020.

“Para nosotros es una oportunidad interesante, desde el legislativo venimos haciendo distintas solicitudes de información pública que son enviadas a archivos, tener información del semestre y poder formular las preguntas que creemos necesarias es sumamente importante”, empezó diciendo en contacto con el periodista Emir Silva.

Y continuó: “Creo que fue muy valioso también la formalización de ese punto de partida, en el informe de gestión el gobierno provincial establece el índice de responsabilidad fiscal del 1,8 para diciembre del 2023, esto es una deuda que se tiene hoy como provincia y si se toma en cuenta los índices que determinan que una provincia no es responsable en términos fiscales estamos hablando de una provincia que tiene una deuda superior al 30%”.

“En el informe en cuestión se deja por escrito que la provincia a diciembre del 2023 tenía una deuda 1,8 que era una de las menos dependientes de los recursos de origen nacional, es importante conocer porque mucho se ha hablado de la provincia quebrada y en el informe que el mismo ejecutivo provincial establece no formaliza de qué punto se parte”, añadió.

“En tercer lugar me parece fundamental de alguna manera entender que la continuidad jurídica no se frena dentro del estado porque vienen nuevas gestiones, celebrar que se han informado de distintas líneas de acciones y se han continuado, el proceso de la modernización del estado no es una implementación que sea automática sino que se proyecta a largo plazo, lo que hace que después vaya avanzando", ejemplificó Mora.

Asimismo, ante la consulta de sus conclusiones en cuánto a los números, Mora marcó que “una de las cosas que planteamos es que se informaban los números de los municipios, pero no los números de la provincia. No tenemos algunos números, pero lo que sí tenemos es alguna publicación que se ha hecho en la página oficial dice que dice que a junio había un superávit de casi 100,000 millones, una de las preguntas que queríamos formalizar era ante este contexto”.

“Una de las preguntas que queríamos hacer y no pudimos es cuál es la razón o cómo justificamos a junio un superávit de casi 100 mil millones de pesos, cuál es el destino específico que se está proyectando para ahorrar, porque la verdad que vemos el impacto de las políticas nacionales que son muy fuertes en todas las provincias”, comentó, haciendo referencia al 50% de pobreza y desocupación que hay en el país.

“Hoy tenemos un superávit y es importante conocer cuáles son los planes de gobierno. Recordemos que veníamos desde distintas líneas que se construyeron en términos discursivos. Hay que poder conocer cuál es el rumbo claro de la provincia de Santa Cruz y cuál es la plataforma de gobierno.
Es importante poder conocer y saber cuál es la plataforma. Hay distintas idas y vueltas”, agregó.

Finalmente, Mora contestó el por qué no al Régimen de incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Es un punto de la Ley Bases, un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que, a las compañías que inviertan más de US$ 200 millones en el país se les garantice estabilidad fiscal durante 30 años.

“Es importante aclarar a la comunidad nosotros estamos cediendo la posibilidad de decidir sobre nuestros recursos naturales por 30 años con las dificultades de que si tenemos algún conflicto con esos inversores que vienen a la provincia, los resolvemos en tribunales internacionales”, comenzó diciendo la diputada en diálogo con Emir Silva.

“Lo que busca este proyecto es atraer grandes inversiones. La trampa del proyecto es que por 30 años quienes vengan a invertir no tienen la necesidad de liquidar las divisas acá, ni siquiera las vamos a tener dentro del país”, agregó Mora, que es parte del grupo de diputados provinciales que están en contra del RIGI.

Para cerrar, dijo que: “Lo grave de esto es que si tenemos recursos naturales en el marco del RIGI, firmamos y dejamos institucionalizado la pérdida sobre esos recursos naturales, lo tienen las empresas mineras y petroleras. Hay un ejemplo en otra provincia, que el uso del agua se asemeja al consumo total que tiene la provincia y la minera va a tener la prioridad sobre el uso de esa agua. Esos son los riesgos”.