Junto a otros sindicatos, el gremio de Judiciales de Santa Cruz realizó una conferencia de prensa en la que hablaron de distintos puntos. Demostraron apoyo al proyecto que subsidia el gas a todos los hogares y que fue presentado esta semana en la Cámara de Diputados. El gremio sostiene que no es suficiente el anuncio del gobierno provincial sobre la aplicación de un subsidio a las familias más vulnerables, sino que esto debe alcanzar a todos.

Desde la semana pasada, los residentes santacruceños recibieron boletas de gas con cifras impagables, en una provincia productora de gas, y cuyo utilización encuadra como un derecho humano. Por esto, también instó a que todos los intendentes y concejales apoyen este proyecto. El proyecto en cuestión fue presentado por Eloy Echazú de Unión por la Patria.

En este sentido, Griselda Fabregat, dialogó con Emir Silva a través de Más de lo Mismo y comentó que hasta el momento ese es el único proyecto que se presentó con respecto a los tarifazos y en beneficio de los vecinos. “Como hasta ahora es el único presentado, nosotros con los sindicatos vamos a salir a la calle a buscar firmas para que se trate también”, dijo.

Cabe recordar que está el programa provincial Vale Santa Cruz, pero no es un subsidio que beneficia a todos los sectores, por tanto el proyecto de Echazú. Si se aprueba el proyecto serían unos 3.000 millones mensuales que debería poner a la provincia para poder subsidiar el gas. Son subsidios según renglones de consumo sin trámites de visita social ni mucho menos.

“La idea es que llegue a toda la sociedad y todos podamos apaciguar un poco el tema de las tarifas la verdad que lo del gas fue tremendo”, dijo Griselda sobre este tema.

Además, se refirió a otros de los puntos hablados en la conferencia. Se trata de la postura contraria al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el cual, como advirtió Judiciales, debe ser analizado, no solo por su impacto económico en Santa Cruz, sino por el impacto ambiental en las comunidades.

Sobre esto, comentó: “El riesgo es muy claro en la ley nacional, no le da potestad a ninguna provincia para hacer ningún tipo de modificación vos tenés una ley provincial que dice que las empresas que vienen a trabajar acá tienen que absorber el 70 30 de los trabajadores y la ley dice que es el 20 80, incluso si la empresa cree que no están capacitados puede traer gente de afuera”.

Por otro lado, manifestó “empezamos un frente de estatales nacionales allá por febrero en el cual le llevamos un petitorio al gobernador por el tema de los despidos a nivel nacional. Nunca nos recibió y después se fueron incorporando compañeros de la parte privada de otros gremios provinciales con las distintas problemáticas que van surgiendo”.

“Nos sentamos en la mesa y discutimos cinco puntos que uno es de la Emergencia Habitacional, otro el tema de los tarifazos, otro de la Caja de Servicios Sociales y la baja del vademécum que tampoco nunca dieron explicaciones y dieron de baja remedios que la gente necesita para seguir sus tratamientos, la Caja de Previsión Social porque sabemos que se está bajando una línea nacional para saneamiento y entrega a nivel nacional y tenemos los antecedentes de lo que pasó en Santa Fe y Entre Ríos, y el tema del veto de las universidades”.