El informe define los femicidios no íntimos como aquellos homicidios en los que, aunque se puede identificar un componente de género, no existía una relación cercana entre la víctima y el agresor, como las de pareja, expareja, familiares o convivientes. De los 16 casos seleccionados para el estudio, el 69% de las víctimas y los agresores no se conocían previamente, mientras que en el 31% restante había algún tipo de conocimiento previo, aunque sin vínculo de intimidad.

El informe resalta que este tipo de femicidios representa una fracción minoritaria de los homicidios dolosos de mujeres por violencia de género, pero aún así son significativamente graves. Solo un 20% de los homicidios de mujeres con motivación de género encajan en la categoría de "no íntimos". Sin embargo, la investigación se centró en este tipo de casos debido a sus características específicas y la necesidad de abordar las dinámicas de violencia que los atraviesan.

La violencia sexual como componente predominante

Uno de los hallazgos más sobresalientes del informe es que la violencia sexual (tanto consumada como en tentativa) es un componente predominante en estos femicidios. El informe concluye que todos los casos analizados pueden clasificarse como femicidios sexuales, dado que la violencia sexual fue parte central de la agresión en cada uno de ellos. Este dato subraya la importancia de considerar el contexto de género y la motivación sexual como factores clave en la calificación de los femicidios no íntimos.

50% de los femicidios ocurrieron en espacios públicos, lo que indica que estos crímenes suelen ser perpetrados en lugares más expuestos, lo que podría aumentar el componente de sorpresividad y la posibilidad de que no haya testigos. En estos casos, los agresores generalmente trasladaban a las víctimas a lugares más apartados, como basurales, bosques o zonas no urbanas, para evitar ser identificados.

Modalidad de los crímenes y tratamiento de los cuerpos

El informe también ofrece detalles sobre la modalidad comisiva de los femicidios no íntimos, destacando que el ahorcamiento o sofocación es la causa de muerte más frecuente, presente en 11 de los 16 casos. Otros métodos empleados por los agresores incluyen el uso de arma de fuego (2 casos), arma blanca (2 casos) y degollamiento (1 caso).

Respecto al trato de los cuerpos post-mortem, se observaron patrones recurrentes. En cinco de los casos, los cuerpos de las víctimas fueron arrojados a la vía pública, mientras que en otros se encontraban incinerados, maniatados o ocultos en basurales. Estos detalles son clave para entender las dinámicas de control y humillación que los agresores imponen sobre las víctimas.

Perfil de las víctimas

En cuanto al perfil de las víctimas, el informe revela que todas eran mujeres cis, con un promedio de 21 años al momento del crimen, con un rango de edad entre 12 y 38 años. En los casos en que se tenía información sobre su nivel educativo, tres víctimas tenían secundario incompleto y cuatro habían alcanzado educación superior universitaria, aunque solo dos de estas habían completado sus estudios.

En cuanto a sus ocupaciones, de los diez casos en los que se pudo identificar, las víctimas eran principalmente estudiantes (4 casos), empleadas de comercio (3 casos), y trabajadoras de la salud (3 casos). Además, se detectaron varias interseccionalidades entre las víctimas, incluyendo consumos problemáticos (2 casos), discapacidad intelectual (1), víctimas de delitos sexuales previos (1), ejercicio de la prostitución (2) y embarazo en curso (1 caso).

Perfil de los agresores

Respecto a los agresores, el informe indica que todos eran varones, con un promedio de 38 años de edad al momento de cometer el femicidio, con un rango entre 23 y 67 años. Todos tenían nacionalidad argentina y sus ocupaciones eran diversas, incluyendo trabajos como empleados de la construcción, mecánicos, panaderos, encargados de edificios y vendedores ambulantes. En cuanto a su nivel educativo, en la mayoría de los casos no habían completado la secundaria (solo uno de los agresores había terminado el secundario).

El informe también destaca que la mitad de los agresores contaba con antecedentes de violencia de género, ya sea con denuncias formales o no. En particular, tres de los agresores ya habían sido condenados por abuso sexual, y dos de ellos estaban bajo libertad condicional en el momento de cometer el femicidio. Además, uno de los agresores tenía antecedentes por tentativa de homicidio contra su expareja.

Procesos judiciales y argumentos legales

El informe señala que el tiempo promedio entre el hecho letal y la condena fue de 22 meses, con un 88% de los casos resueltos mediante juicio oral. En cuanto a los argumentos legales, las sentencias se apoyaron principalmente en pruebas testimoniales y autopsias, aunque también se utilizaron pruebas documentales como resultados de allanamientos, evidencias digitales y pericias toxicológicas sobre las víctimas.

El 81% de las sentencias analizadas incluyó el agravante de violencia sexual en la calificación jurídica de los femicidios. Además, en el 71% de los casos se aplicó el agravante de criminis causae, previsto en el artículo 80 inciso 7 del Código Penal, para aquellos femicidios en los que se considera que la agresión letal tuvo como finalidad ocultar otro delito. También se aplicaron otros agravantes como alevosía (19%) y privación ilegal de la libertad (12%).

Recomendaciones para mejorar las investigaciones judiciales

El informe también ofrece una serie de recomendaciones para mejorar la investigación judicial en casos de femicidios sexuales. Entre las pautas destacadas, se subraya la necesidad de mantener la hipótesis de violencia de género desde el inicio de la investigación, así como la importancia de realizar peritajes exhaustivos para verificar si el femicidio tuvo un móvil sexual. Además, se propone un tratamiento integral de los casos, que contemple no solo las pruebas físicas y testimoniales, sino también un análisis de las circunstancias sociales y culturales que influyen en la violencia de género.

En conclusión, el informe de la UFEM pone de manifiesto la urgencia de abordar los femicidios no íntimos con mayor precisión, destacando la violencia sexual como un componente esencial en su motivación y calificación legal. Al visibilizar estos patrones, se busca generar políticas públicas y prácticas judiciales más efectivas para prevenir y sancionar este tipo de crímenes de manera integral.

Fuente: Fiscales.gob.ar