La marcha atrás del Gobierno respecto al aumento de las tarifas de luz ratificó en la práctica que el ministro de Economía, Luis Caputo, prefiere avanzar más despacio con el recorte del gasto público en subsidios a la energía antes que generar un impacto fuerte en la inflación en los meses previos a las elecciones legislativas de medio término. Una pequeña dosis de gradualismo en medio del shock.

Tras un ajuste de 35% en las subvenciones del Estado nacional a la luz y el gas durante 2024, la comunicación oficial fue que la reducción de la ayuda estatal a los usuarios de ingresos medios y bajos será "dividida en 11 meses", en lugar de aplicar la baja del porcentaje subsidiado en un solo mes, tal lo previsto originalmente, que se trató de un "error", según dijo Caputo a LN+.

Esa corrección empezó a ser instrumentada mediante la resolución 36/2025 de la Secretaría de Energía, publicada este jueves 6 en el Boletín Oficial, y deberá ser sellada con otras normas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en los próximos días, que rectifiquen lo publicado hasta ahora.

"Con esto, las tarifas de los usuarios de ingresos bajos ("N2") y medios ("N3") pasan a tener un incremento similar al de los de ingresos altos ("N1")", detalló una fuente del sector.

Subsidios a la luz y el gas
La idea del Gobierno era terminar a mediados de este 2025 con la actual segmentación en de los subsidios a las tarifas de luz y gas, que está vigente desde octubre 2022, para convertirla en un esquema donde haya usuarios sin subsidios y usuarios con subsidios. Hay unos 9,5 millones de hogares que tienen todavía la ayuda del Estado y cerca de 5,5 millones que no.

Sin embargo, el impacto mediático que tuvo esta semana el incremento de la luz de hasta 12,3% para los usuarios de ingresos bajos por la disminución de los subsidios, y su eventual efecto sobre la inflación, pone en tela de juicio las intenciones del tándem conformado por Caputo, el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti.

El resultado fiscal de enero ayudaría al Gobierno a tener motivos para ralentizar el ajuste en el año de las elecciones y tener un alivio financiero que le dé margen.

La recaudación tributaria del primer mes del 2025 habría crecido un 5,6% interanual en términos reales (descontado el efecto de la inflación, que se conocerá con certeza el jueves 13 de febrero); los impuestos que quedan en manos de la Nación habrían trepado 4,9% real, según los cálculos del economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Los datos se comparan contra una previsión de crecimiento económico del 5%, por lo que los ingresos tributarios subirían en línea con la actividad, de forma de mantenerlos constantes en relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Los subsidios a la energía en 2024 y 2025

El "Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados" surgió el año pasado como alternativa al fracaso de la propuesta de la "Canasta Básica Energética" y vence el 31 de mayo, pero podría ser extendido hasta octubre.

Las idas y vueltas respecto a los aumentos de tarifas muestran de forma práctica que el Gobierno preferirá ajustar en otras líneas del gasto que sean menos sensibles al bolsillo de la población, así cumple su principal promesa: que el superávit fiscal es innegociable.

En febrero el incremento de la luz será del 1,5% y el del gas de 1,6%. Se espera que en marzo sea incluso menor, y a partir de abril habría subas mensuales que tendrán un tope de hasta 9,9% por encima de la inflación, debido a las revisiones tarifarias en marcha, que buscan normalizan el funcionamiento del sector energético y poner nuevamente en marcha el cumplimiento de los contratos de concesión de servicios públicos.

Según un informe de la consultora Economía & Energía, los subsidios a la energía cayeron el año pasado un 35,5%, del equivalente a 9.683 millones de dólares o 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a US$ 6.252 millones (1%), debido a los aumentos de tarifas y la puesta en marcha del ex gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta, que sustituyó importaciones y redujo el costo interno de abastecimiento de gas y, por ende, de electricidad.

Los números del 2024 se corresponden con el menor peso de subsidios en relación al PIB en la última década y media, de acuerdo al análisis de Nicolás Arceo.

A las 9, audiencia pública de gas

Las empresas transportistas y distribuidoras de gas participarán este jueves 6 de febrero a partir de las 9 de una audiencia pública para empezar a definir la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT).

Este proceso, que se desarrolla desde mediados del año pasado, culminará en un nuevo aumento de las tarifas y la determinación de ajustes periódicos, que serían mensuales, a cambio del establecimiento de obligaciones como inversiones y mejoras en la calidad de los servicios públicos.

La audiencia la abrirá a las 9 el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y después harán sus presentaciones Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Litoral Gas, Naturgy NOA, Naturgy BAN, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Metrogas, Gas NEA y Redengas.

Posteriormente expondrán la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), subdistribuidores, la Unión Industrial Argentina (UIA) defensores del pueblo, de consumidores, de los niños, amas de casa, diputados, intendentes, concejales y particulares interesados.

El acto se transmitirá por streaming y busca validar normativamente el proceso, aunque no es vinculante.

Según pudo saber Clarín, las distribuidoras presentarán propuestas de inversiones que suman en total 1.000 millones de dólares en los próximos 5 años, y una duplicación de los montos en términos reales respecto a 2024.

Las empresas del sector quieren incrementos de sus ingresos en el orden del 45% al 57%, lo que tendría un impacto conjunto en las boletas del 20% al 25%, que el Gobierno ya anticipó que no habilitará.

Más allá de la suba que autorizará Economía, las empresas quieren normalizar el funcionamiento del sector y que se cumplan los contratos de concesión para recuperar el acceso al crédito, lo que mejorará la capacidad de financiamiento y hará crecer su valor.

Fuente: www.clarin.com