Este martes por la tarde, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a debatir el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La propuesta ya generó un fuerte rechazo por parte de la Iglesia Católica, que instó a las autoridades a evitar soluciones punitivas y priorizar políticas de inclusión y prevención.

“La respuesta no puede ser el encierro. Poner en prisión a un adolescente no resuelve las causas estructurales que lo llevaron a delinquir”, sostuvo monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. En una entrevista concedida este domingo, Braida remarcó que el problema de la delincuencia juvenil debe abordarse desde una perspectiva integral y multisectorial.

El proyecto será analizado por las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, Niñez y Presupuesto. Aunque la propuesta original del oficialismo planteaba reducir la edad mínima a 13 años, el texto consensuado entre sectores aliados fija ese umbral en 14. Sin embargo, desde la oposición peronista y del Frente de Izquierda sostienen que no debe modificarse la edad vigente, actualmente establecida en 16 años.

En ese contexto, Braida cuestionó también las condiciones del sistema carcelario: “Nuestros regímenes penitenciarios están saturados y muchas veces agravan las problemáticas que enfrentan los jóvenes. Lo que necesitan no es castigo, sino oportunidades de desarrollo y contención”.

Además, el obispo pidió al presidente Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que garanticen espacios de participación a organizaciones sociales, especialistas y representantes de distintos sectores. “Una problemática tan compleja requiere tiempo, diálogo y apertura a distintas miradas. Solo así podremos avanzar en soluciones verdaderas”, señaló.

La postura de la Iglesia se alinea con la de diversas organizaciones que alertan sobre los riesgos de aplicar respuestas simplistas a un fenómeno que tiene múltiples causas, entre ellas la exclusión social, la falta de acceso a la educación y la violencia estructural.

Aunque todos los bloques coinciden en la necesidad de reformar el Régimen Penal de Minoridad, que data de 1980 y fue establecido por decreto durante la dictadura, subsisten diferencias profundas sobre el enfoque que debe adoptar el nuevo marco normativo. A esto se suma una preocupación adicional: ninguno de los proyectos debatidos contempla presupuestos específicos para construir centros de detención adecuados para adolescentes.

El debate, que se inicia esta semana, promete ser uno de los más sensibles y polarizantes del año legislativo.

Fuente: Ámbito.com