En el aniversario del PAMI los jubilados reclaman el cese de la intervención

Así lo indicó Jorge Garzón, presidente del centro de Jubilados de ATE en Caleta Olivia. Juntos con otra instituciones de los trabajadores pasivos en la zona norte, reclaman que la obra social vuelva a estar bajo control de sus afiliados. El PAMI tiene un presupuesto anual superior a los 2 billones de pesos. "No es del gobierno, es del pueblo que la financiamos", dijo el referente.

El presidente del Centro de Jubilados de ATE en Caleta Olivia, Jorge Garzón, recordó el aniversario de la creación de la mayor obra social del país: el PAMI. Junto a otras instituciones reclama que el Estado nacional termine con la intervención y devuelvan la institución a sus afiliados. Habló de la deficiencia en las prestaciones, pese a un presupuesto súper millonario.

En el contexto del aniversario número 54 del PAMI, creado un 13 de mayo, el referente de los jubilados de ATE, Jorge Garzón dialogó con "El Oso"# por El Caletense Radio. "Nuestra querida obra social nació con la Ley 19032 con un mandato claro: atender a jubilados, pensionados y sus familias con autonomía, con administración a cargo de sus verdaderos titulares. Pero la Ley nunca nunca fue respetada en realidad y el PAMI ha estado intervenido casi toda su existencia; el 90% del tiempo desde su creación", explicó Garzón.


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Para el referente, la obra social ha sido manejada discrecionalmente por los distintos gobiernos, "sin importar el color político", y por estos días "sigue siendo manejado por el Estado en forma ilegítima", apuntó. Asimismo acotó que los jubilados y pensionados del país "somos los verdaderos dueños del instituto. No pedimos privilegios, exigimos lo que nos pertenece".

Es por eso que este 13 de mayo, desde los Centros de Jubilados de Zona Norte, anticipó Garzón, "hacemos un firme y respetuoso llamado al presidente (Javier Milei), al congreso y a sus autoridades. Basta de intervención. Queremos la normalización ya. Devuélvanos el PAMI a quienes lo creamos, lo sostenemos y lo necesitamos", resaltó.

En el mismo sentido, se refirió a los servicios deficientes y a las prestaciones que les fueron quitadas. "Esto es una realidad que ya no puede taparse más. Tenemos turnos médicos de espera eterna, medicamentos que no llegan, prestaciones recortadas, farmacias y médicos que abandonan el sistema. A nivel nacional, con hospitales y clínicas que no pueden sostener la atención por los aranceles miserables que paga el PAMI. Todo esto está ocurriendo mientras se despilfarran nuestros fondos en campañas políticas, en sueldos de funcionarios designados a dedo, con contratos opacos que engrosan los bolsillos ajenos mientras que los jubilados tienen una mínima paupérrima".

Insistió en que la obra social "no es propiedad del Estado ni de ningún partido de turno" y contó que el presupuesto anual del PAMI 3 billones 200,000 millones de pesos. "Un billón y medio va a la industria farmacéutica, que prácticamente maneja el PAMI. El otro va a 94 mil empleados en sueldos que les corresponde, y a nosotros nos está manejando del 100% del presupuesto con el 30%. Por eso tenemos los problemas que tenemos en la parte administrativa y Santa Cruz no es ajeno", destacó.

Finalmente contó que en la zona existen inconvenientes en materias específicas, además de las problemáticas mencionadas y que afectan a todo el país. "Tenemos diálogo con la agencia en Caleta. Con el interventor Jairo Guzmán hemos tenido una sola reunión en 2023, en Pico Truncado. Fue la única reunión como Centro de Jubilados. Lamentablemente no hemos podido contactarnos con él o ellos no se contactaron con nosotros para explicar las situaciones que estamos viviendo. Se están solucionando algunos temas pero no así en su totalidad. Todavía tenemos bastante inconvenientes con el tema fisiatría, por ejemplo, donde una silla de ruedas está tardando un montón, una cama ortopédica, un colchón anti escaras. Hay inconvenientes que todavía no se están solucionando en tiempo y forma, con pocos turnos para profesionales, con profesionales que nos faltan, sumado a que el 42% de la gente cobra la mínima y no tiene la capacidad de ahorro para poder sostener los medicamentos que ya no tenemos gratis", culminó.

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