Con la creciente preocupación por la actividad sísmica en la región, autoridades provinciales de Santa Cruz se reunieron hoy en la sede de Protección Civil en Río Gallegos para presentar en conjunto el Protocolo de Actuación Escolar ante Movimientos Sísmicos. La mesa de trabajo, encabezada por el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, e integrada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido; la subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo; el superintendente de Bomberos, Claudio Castro y el ingeniero Diego Bothin, brindó detalles sobre la implementación del protocolo y el contexto en el cual fue diseñado.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, destacó la decisión política del Gobierno Provincial de anticiparse a escenarios de riesgo sísmico, señalando que se espera una actualización del Plan Nacional de Movimientos Sísmicos. Resaltó el aumento reciente de la actividad tectónica en zonas “como la Cuenca Carbonífera y El Calafate”, mencionando escuelas rurales como la de “Fuentes del Coyle, lo que refuerza la urgencia de adaptar los planes de contingencia ante posibles eventualidades”.

Articulación Interinstitucional para la Recolección de Datos

La subsecretaria, Sandra Gordillo remarcó la importancia de la articulación interinstitucional para el éxito del protocolo. Informó sobre reuniones con el ministro de Seguridad, la presidenta del CPE y el Superintendente de Bomberos, y anunció “el inicio de trabajos conjuntos a partir del lunes”. Subrayó la necesidad de colaboración de áreas como Desarrollo Social, Seguridad, Salud y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) “para la recolección de datos y la participación activa en la mesa de trabajo”. Enfatizó también, “el rol clave de los bomberos como primeros interventores, y la responsabilidad compartida con el ámbito educativo”.

Seguridad de la Comunidad Educativa como Prioridad

Iris Rasgido, titular del CPE, sostuvo que “es esencial contar con un protocolo claro y participativo ante situaciones sísmicas”. Expresó que el objetivo es que “directivos, equipos institucionales, familias y estudiantes sepan cómo actuar en momentos de incertidumbre, como los que generaron los recientes eventos sísmicos”.

La funcionaria, recordó que “el CPE ya contaba con protocolos para situaciones complejas como incendios, pero que la nueva realidad exige avanzar en planes específicos ante sismos”. Paralelamente, Rasgido indicó que “aunque la categoría sísmica en la Patagonia es baja, los recientes movimientos en Chile afectan a nuestra región”, afirmó.

Por ello, remarcó la necesidad de “brindar certezas y prevenir, con acciones como la designación de referentes educativos, la capacitación a docentes, auxiliares, directivos y supervisores, y la elaboración de planes de evacuación adaptados a cada institución, desde escuelas rurales con pocos estudiantes hasta centros educativos de gran matrícula”.

Más adelante, aseguró que “la implementación ya comenzó, de forma escalonada, involucrando primero a directores provinciales y generales, luego a supervisores y equipos de conducción, y finalmente a los equipos institucionales”. También se incluirá a estudiantes y familias, ya que, como advirtió Rasgido, “un plan de evacuación convoca a todos”.

Bomberos: Profesionales al Servicio de la Prevención

El superintendente de Bomberos, Claudio Castro, puso a disposición todo el equipo técnico para trabajar de manera interdisciplinaria en la construcción del protocolo. Indicó que “ya se venían desarrollando planes de evacuación desde 2023, y que ahora se les incorporará la dimensión sísmica”. Confirmó la participación de ingenieros, técnicos y licenciados para evaluar riesgos y definir acciones junto a Protección Civil.

Particularidades del Protocolo Sísmico

El ingeniero Diego Bothin explicó que “los protocolos sísmicos requieren un enfoque distinto al de otras emergencias, como los incendios”. El objetivo principal es “evacuar a la totalidad del alumnado y personal, pero cada establecimiento requerirá un análisis de riesgos específico: desde la estructura edilicia hasta los recursos humanos y logísticos disponibles”.

Enfatizó que “la necesidad de considerar la probabilidad sísmica y las características propias de cada zona, especialmente aquellas con baja densidad poblacional, lo que demanda una evaluación profunda de la infraestructura, capacidad sanitaria y respuesta operativa”.