La feria minera más importante del país volvió a poner en evidencia el potencial exportador de la Argentina, pero también dejó al descubierto tensiones y desafíos aún pendientes. Con más de 20.000 asistentes, una superficie récord y salas colmadas, la edición 2025 de Arminera se convirtió en el evento minero más convocante de la historia nacional.

Sin embargo, detrás de los buenos números, emergieron fuertes reclamos por parte de provincias productoras, que coincidieron en señalar la paralización de la obra pública como una traba central para el desarrollo del sector. La crítica, que había sido anticipada por los ministros provinciales en la jornada inaugural, se profundizó el segundo día con la voz de los propios gobernadores.

Las provincias marcan la cancha

“El gobierno nacional tiene que entender que la infraestructura no puede quedar solo en manos privadas. Necesitamos una alianza público-privada para resolver los déficits estructurales que arrastra el país”, sostuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

En la misma línea se expresó el rionegrino Alberto Weretilneck, quien equiparó la infraestructura con otros pilares del desarrollo: “El estado de rutas, ferrocarriles y la red eléctrica es tan relevante como la estabilidad macroeconómica o la seguridad jurídica”.

Además, los mandatarios provinciales insistieron en la necesidad de avanzar con la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), reclamando también que se contemple la situación de proyectos maduros en declive, especialmente en oro y plata.

La respuesta del Gobierno

Durante la cena de gala de Arminera, el secretario de Minería, Luis Lucero, respondió a los cuestionamientos. Defendió la política fiscal del Ejecutivo, advirtió que “no se negociará el equilibrio fiscal por ninguna obra” y afirmó que no se otorgarán beneficios “a cualquier proyecto”.

Lucero destacó que “en solo diez meses se logró aprobar un régimen que ya cuenta con inversiones comprometidas por más de 12.000 millones de dólares”. Sin embargo, criticó el enfoque mediático: “Lo que más se ve es la queja por la lentitud en la aprobación de proyectos. Estamos siendo exhaustivos con los requisitos. Crear condiciones para que inviertan los privados no se logra de un día para otro”.

Infraestructura en el centro del debate

Desde el sector empresarial, el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, tomó distancia de las críticas generalizadas. Propuso encarar el problema de forma concreta: “La Nación ya dijo que no hará obra pública. Debemos reclamar por licitaciones clave, como rutas nacionales y eventualmente ferrocarriles, pero después será necesario que provincias y privados nos sentemos a encontrar soluciones”.

Según fuentes oficiales, en las próximas semanas podría haber anuncios vinculados al fortalecimiento de redes de alta tensión. Sin embargo, los avances en privatizaciones de rutas y ferrocarriles seguirán demorados.

Por otro lado, trascendió que dos nuevos proyectos bajo el régimen RIGI están próximos a ser aprobados, mientras que otros tres enfrentarían rechazos por no cumplir con los requisitos. “Algunos están flojos de papeles. Veremos si logran corregir las observaciones”, indicaron desde el entorno oficial, destacando especialmente el caso del proyecto Gualcamayo.

Fuente: Más Energía.