Uno reclama la habilitación de la totalidad de los cursos del CeFyAP Nº 4, y el otro exige soluciones urgentes a las demoras en la entrega de certificados analíticos del nivel secundario.

Este jueves, en la última sesión del Concejo Deliberante, el edil Carlos Aparicio volvió a poner el foco en la educación con dos proyectos de resolución que reflejan preocupaciones en relación a lo educativo.

Uno de los proyectos plantea la urgente necesidad de garantizar el funcionamiento pleno del CeFyAP N° 4, cuya oferta educativa se vio reducida durante 2025. Esta situación afecta no solo a estudiantes, sino también al personal docente que quedó sin designación.

Durante su discurso el edil sostuvo, “este proyecto responde a un trabajo articulado que venimos realizando con distintos legisladores de la provincia. Entendemos que el CeFyAP es una herramienta muy importante para nuestra comunidad. No es un reclamo aislado se viene replicando en Río Gallegos, en El Calafate y en otros Concejos Deliberantes”.

En este sentido, remarcó que busca sumarse a una demanda legítima que ya encontró eco en otras localidades de la provincia, “todo aquello que nos implique formación y herramientas para nutrirnos como vecinos y ciudadanos, sin dudas va a ser favorable”.

Acompañando el proyecto, el profesor Martín Merino, docente del área de Electricidad, explicó “tenemos una lista importante de alumnos en espera: personas desocupadas, técnicos, docentes. El CeFyAP forma parte de esta sociedad hace más de 15 años. Pedimos respuestas, pero también horas cátedra para poder continuar”.

El segundo proyecto presentado por Aparicio apunta a la persistente demora en la entrega de certificados analíticos a egresados del nivel secundario. El edil detalló que esta falencia genera consecuencias graves, como la pérdida de vacantes en universidades, el rechazo a becas y el estancamiento de proyectos laborales.

En este contexto, solicitó al Consejo Provincial de Educación que acelere la implementación del Sistema Federal de Títulos (SisFeT), designe un referente administrativo en Caleta Olivia y establezca un plazo máximo de 60 días para la entrega de certificados, siguiendo el ejemplo de propuestas ya discutidas en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad y ahora deberán ser respondidos por la cartera educativa. Mientras tanto, alumnos, alumnas y profesores siguen esperando respuestas para continuar con el acceso a la formación profesional y la acreditación de estudios.