La Escuela Provincial Nº 45 de Pico Truncado fue escenario de un hecho estremecedor que generó alarma en toda Santa Cruz. El edificio sufrió un intento de sabotaje con gas, lo que fue considerado por autoridades provinciales como un “atentado criminal” que puso en riesgo la vida de niños, docentes y personal escolar.

El incidente ocurrió el pasado sábado 21 de junio. El sistema de seguridad del establecimiento detectó una alerta en el sector de cocina industrial. Al llegar, el personal, encontró las cinco hornallas de gas abiertas, sin signos de ingreso forzado ni objetos faltantes en el establecimiento.

“Fue con intencionalidad”, confirmó la directora regional de Educación Zona Norte, María Mercedes Barrionuevo. “Se atentó contra la vida de estudiantes, docentes y trabajadores. Esto no es una travesura ni un error. Es un ataque al Estado”, sentenció.

Con un acto de estas características, la tragedia no ocurrió de milagro. Lo cierto es que si alguien hubiera ingresado sin saber lo que pasaba, el encendido de una luz o una chispa hubiera bastado para provocar una explosión con consecuencias fatales.

En medio del proceso de reconstrucción del sistema educativo provincial, con obras, equipos nuevos y presencia estatal, este ataque aparece como un intento de sembrar miedo, caos y muerte. La respuesta, sin embargo, debe ser firme y sin ambigüedades.

La gravedad escaló cuando, el sábado pasado, se produjo un nuevo ingreso al edificio. Esta vez, los agresores arrojaron un artefacto explosivo a través de la ventana de un baño. Aunque no detonó, rompió vidrios y generó daños en la estructura interna de la puerta. “La directora lo toma como una amenaza, como una señal de anticipación de algo. Está angustiada, igual que los docentes”, declaró Barrionuevo.

“Es terrible que haya gente que haga destrozos y amenazas sabiendo que hay niños dentro”, agregó la funcionaria.

Las repercusiones se hicieron sentir rápidamente. Por un lado, la CGT Santa Cruz, regional Zona Sur, emitió un comunicado contundente: “No fue un accidente ni una falla técnica. Fue un acto deliberado, cuidadosamente ejecutado. Repudiamos el intento de sabotaje. Solo el diálogo y la reflexión acercan las diferencias, sin atentar contra la vida humana ni las propiedades comunitarias”.

Desde distintos puntos de la provincia, intendentes expresaron su repudio. “No hay reclamo ni conflicto que justifique una acción de esta gravedad”, afirmaron en un documento. Carina Bosso, intendenta de Gobernador Gregores, fue tajante: “Es gravísimo e injustificable. Atentar contra la vida de otra persona nunca va a ser justificable, nunca jamás”.

En el mismo sentido se pronunció la Administración General de Vialidad Provincial y el Municipio de San Julián: “Jugar con gas no es protesta, es un crimen. La educación no se sabotea. La vida no se amenaza. La democracia no se intimida”.

El Consejo Provincial de Educación aseguró que continuará acompañando a la comunidad escolar y presentando las denuncias necesarias. “Estamos trabajando para poder dar todas las respuestas. Esto no puede quedar impune”, afirmó Barrionuevo.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Pico Truncado. La comunidad educativa, mientras tanto, exige justicia y condiciones seguras para volver a clases sin miedo.

Fuente: infomedia24.com.ar