En aquel momento, el Gobierno nacional cedió el 49% de las acciones de YPF a las provincias productoras de petróleo, en proporción a su producción. A Santa Cruz le correspondió un 5%, un activo estratégico que fue presentado como un logro político y económico para la provincia, pero que hoy está en riesgo por incumplimientos financieros.

A 13 años del acuerdo

Tras la sanción de la Ley 26.741 en mayo de 2012, que declaró de interés público la expropiación del 51% de las acciones de YPF, se firmó un Acuerdo Federal Hidrocarburífero que distribuyó un 49% del paquete entre las provincias petroleras.

En noviembre de 2012, Santa Cruz rubricó el convenio con Nación y YPF, que fijaba un canon de prórroga de U$S 201 millones por las áreas hidrocarburíferas, del cual se descontaron U$S 14 millones en concepto de adelantos de regalías, quedando un canon neto de U$S 187 millones.

El pago debía realizarse en 60 cuotas mensuales de U$S 1 millón o mediante compensaciones con créditos, beneficios otorgados a la empresa o cesión de áreas. También se estableció que la suma total de regalías más Ingresos Brutos no podía superar los U$S 30 millones mensuales, y que cualquier excedente debía cancelarse en cuotas adicionales.

Un punto clave es que las acciones quedaron sindicadas por 50 años, limitando el poder de voto de las provincias en las decisiones estratégicas de la compañía.

Pagos iniciados, pero no finalizados

Si bien Santa Cruz habría iniciado el esquema de pagos, no existen registros públicos ni informes oficiales que confirmen la cancelación total de las 60 cuotas pactadas. Según fuentes vinculadas al sector energético, la provincia no completó el cronograma ni utilizó plenamente las herramientas de compensación previstas.

Esta falta de cumplimiento implica que Santa Cruz nunca consolidó jurídicamente la propiedad plena de esas acciones, quedando su tenencia sujeta a la posibilidad de ser revertida.

El convenio también incluía cláusulas de rescisión en caso de mora prolongada, y preveía que los conflictos se resolvieran mediante arbitraje en Río Gallegos, con árbitros designados por ambas partes.

La situación no es exclusiva de la provincia. Jurisdicciones como Chubut y otras productoras también estarían bajo observación por incumplimientos similares. En algunos casos, los convenios nunca fueron ratificados por las legislaturas o los pagos se interrumpieron antes de completarse.