La diputada nacional Roxana Reyes elaboró una propuesta para que el Gobernador de la Provincia dé un paso sustancial en la transparencia del poder judicial para poner fin a años donde la práctica era que los miembros del tribunal sean funcionarios políticos afines al gobierno. Por ello propone al Gobernador de Santa Cruz un nuevo mecanismo de selección de candidatos/as a vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ). La propuesta apunta a garantizar transparencia, control ciudadano y estándares éticos elevados en los nombramientos de los máximos jueces de la provincia.

El esquema introduce un procedimiento inédito para Santa Cruz: publicación obligatoria de las vacantes, posibilidad de que ciudadanos y organizaciones sociales propongan postulantes, presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, consultas públicas para adhesiones o impugnaciones, audiencias abiertas y la creación de un Comité Asesor Consultivo ad honorem integrado por representantes de la abogacía, la academia y los derechos humanos.

De esta manera, el Gobernador mantendrá su atribución constitucional de proponer ternas a la Legislatura, pero deberá someter el proceso a la mirada pública, a dictámenes técnicos y al control ciudadano. El objetivo es dotar al Poder Judicial de mayor legitimidad, independencia y solvencia ética.

“Buscamos que, cuando surjan vacantes en el Tribunal Superior de Justicia, estas sean cubiertas de manera transparente y mediante un mecanismo abierto y participativo. Queremos evitar lo que ocurrió durante el kirchnerismo, cuando se designaron jueces afines al poder de turno para controlar a la Justicia los cuales tenían como antecedente haber estado en la oficina legal y técnica del gobernador o en un ministerio. Nuestro objetivo es que los magistrados lleguen por mérito, idoneidad y solvencia ética, no por su cercanía política”, destacó Roxana Reyes.

El proyecto se inspira en experiencias nacionales e internacionales. En Argentina, guarda similitudes con el Decreto 222/2003, que regula la selección de jueces de la Corte Suprema mediante la publicación de antecedentes y la apertura a impugnaciones ciudadanas. También existen modelos parecidos en CABA y Mendoza, donde se exigen audiencias públicas y control social antes de las designaciones. En el plano internacional, retoma antecedentes del “Missouri Plan” en Estados Unidos y de organismos como la Judicial Appointments Commission del Reino Unido, que incorporan a la sociedad civil en los procesos de nominación judicial.

“La confianza en la Justicia se recupera con mecanismos claros, verificables y participativos. No alcanza con discursos: necesitamos que la ciudadanía sea parte de un proceso que garantice que los jueces del Tribunal Superior lleguen por mérito e idoneidad, no por acomodos políticos”, sostuvo Roxana Reyes al fundamentar su iniciativa.

Con este proyecto, Santa Cruz podría dar un paso decisivo hacia la construcción de un Poder Judicial independiente, transparente y cercano a la ciudadanía, marcando un quiebre con las prácticas históricas de designaciones reservadas a acuerdos políticos a puertas cerradas.

“Creemos que esta propuesta es un camino concreto para que el Gobernador autolimite sus facultades de manera activa, sometiendo el proceso a la mirada de la ciudadanía. Esto no debilita al Poder Ejecutivo, sino que lo fortalece al promover reglas claras que fomentan la participación, la transparencia y la independencia del Poder Judicial. Se trata de recuperar la confianza en las instituciones y de garantizar que la Justicia responda a la sociedad y no a los intereses de un gobierno de turno”, concluyó Roxana Reyes.