El Gobierno busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y sean inevitables los cortes de luz, planeando trasladar el costo a las tarifas de los usuarios.

La administración de Javier Milei calcula que requiere de por lo menos US$6.500 millones para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión y oxigenar al segmento mayorista de transporte energético con el objetivo de que soporte los picos de demanda en los periodos de calor o frío más duros.

En sintonía con lo evaluado por gestiones anteriores, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, definió un esquema de obras imperiosas para dar respuesta al actual escenario estableciendo tres prioritarias:

Línea de 500 kw Río Diamante-Charlone-O Higgins en Cuyo.
Ampliación de línea Puerto Madryn-Choele Choel y Bahía Blanca en la Patagonia.
Nueva estación transformadora en Plomer y más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión Ezeiza-Vivoratá- Atucha como parte del Área Metropolitana I.
La imposibilidad de concretarlas hasta ahora pasó por la falta de financiamiento. En una estrategia similar a la utilizada en la gestión de Mauricio Macri con el programa de Participación Público Privado (PPP), el Gobierno apunta a que las obras se lleven a cabo con inversiones privadas a recuperar con un futuro cargo sobre la tarifa o canon cuotificado, según reveló Clarín.

De esta manera, los usuarios verán incrementos en las facturas para solventar el costo que permita fortalecer el sistema energético y librarse de los reiterados apagones en los picos de temperatura.

El panorama revelado por el Ejecutivo en distintos documentos públicos exhibe la precariedad actual puntualizando que “las deficiencias estructurales en redes de alta tensión y media tensión, cuyas ampliaciones y o extensiones no han acompañado el crecimiento de la demanda”.

En la misma línea, hacen énfasis en “la ausencia de inversiones o inversiones inferiores a las mínimas requeridas para el mantenimiento de la capacidad operativa” asegurando que “las condiciones son incompatibles con la operación confiable del sistema, con el consecuente riesgo de restricciones del suministro y energía no suministrada”.

Este escenario se profundiza a medida que pasan los calendarios y las obras en el sector decrecen en lugar de acrecentarse, cuando los usuarios consumen más ante el avance de la tecnología y las edificaciones eléctricas.

El pico de la demanda eléctrica aumentó un 26% en los últimos diez años mientras que las líneas de alta tensión incorporadas al sistema en el mismo periodo fueron algo más de 1.200 kilómetros, solo un cuarto de las sumadas en la década previa.

NA