Durante la jornada laboral, un grupo de personas autodenominadas “autoconvocados” irrumpió en las instalaciones de la Cartera de Salud Provincial, con una protesta que se tornó violenta y agresiva. Hubo gritos, golpes contra escritorios donde se encontraba personal trabajando, patadas en las puertas y amontonamientos que impidieron la circulación normal dentro del edificio. Pero lo más grave fue la intimidación directa hacia quienes cumplían funciones, generando un clima de amenaza permanente.

En ese marco, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross quedó retenida en su despacho por varias horas, junto a otros trabajadores, sin posibilidad de salir ni de circular libremente. Este atropello impidió el normal funcionamiento institucional y puso en riesgo la integridad de las personas que estaban cumpliendo tareas en el lugar.

Ante esta situación, y considerando que no están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad para funcionarios ni trabajadores, se dispuso el cierre preventivo del edificio este sábado y domingo, hasta tanto se adopten medidas concretas para resguardar el bienestar de todo el personal.

El Gobierno Provincial remarcó que encerrar a una autoridad y hostigar al personal no es protesta, no es reclamo y mucho menos democracia. Se trata de prácticas violentas e intimidatorias que nada tienen que ver con el diálogo social ni con el derecho a peticionar.

Sobre lo ocurrido, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, señaló: “No es casualidad que en cada movimiento de este sector de personas aparezca un medio de comunicación ligado estrechamente al intendente de Río Gallegos. Esto nos lleva a suponer que, detrás de un reclamo que puede tener un origen legítimo, existen otros intereses políticos que lo desvirtúan y terminan perjudicando no solo a las autoridades sino también al conjunto de la comunidad que necesita respuestas en materia de salud”.

Por su parte, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, informó que realizará las denuncias pertinentes ante la Justicia para que se investiguen los hechos y responsabilidades.

El Gobierno reafirma que el camino siempre será el diálogo y el respeto, pero nunca la violencia ni la coerción como forma de reclamo.