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Advierte que el proyecto para restituir la figura de procurador es “inconstitucional e inconvencional”
El presidente de ADEPRA, Adolfo Sánchez Alegre, cuestionó el proyecto de Ley N° 561 que propone eliminar el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría General en Santa Cruz. Sostuvo que “se puede crear la figura del procurador sin afectar derechos adquiridos ni eliminar la Defensoría General”.
- Por El Caletense | 13/10/2025
El presidente de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA), Adolfo Sánchez Alegre, habló con El Caletense Radio donde advirtió que el proyecto de Ley N° 561, que busca restituir la figura del procurador en Santa Cruz, “es inconstitucional e inconvencional”, ya que elimina el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría General, vulnerando derechos adquiridos y normas de jerarquía constitucional.
Sánchez Alegre señaló que la restitución del procurador no requiere eliminar la estructura actual: “Se puede crear la figura del procurador sin dejar sin efecto la autonomía del Ministerio Público de la Defensa. Son dos cosas totalmente distintas”.
En este sentido, explicó que la autonomía de la defensa pública es un principio garantizado por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El titular de ADEPRA remarcó que el proyecto implica “un retroceso en materia de derechos” y contradice el artículo 120 de la Constitución Nacional y el artículo 6 de la provincial. “Si se aprueba, Santa Cruz pasaría de tener una defensa pública autónoma a depender del Ministerio Público Fiscal, lo que debilita el sistema acusatorio y el acceso a la justicia”, afirmó.
Asimismo, recordó que las sentencias de la Corte Suprema deben cumplirse, pero “sin vulnerar derechos y garantías constitucionales”. En ese sentido, planteó que el cumplimiento de los fallos puede lograrse “sin dejar sin efecto los derechos adquiridos ni alterar la independencia funcional e institucional de la defensa pública”.
Finalmente, Sánchez Alegre insistió en que la autonomía de la defensa “no es un privilegio, sino una obligación del Estado” y advirtió que su eliminación “afectaría directamente el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, como detenidos, niños, pueblos originarios y víctimas de violencia”.
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